El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó formalmente la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez. La medida se presentó durante la audiencia de formalización por presunto fraude al fisco, donde el organismo respaldó la postura del Ministerio Público al considerar que existen diligencias pendientes y un riesgo real para la institucionalidad que impide optar por medidas cautelares menores.
El esquema de facturación y Social Task
Durante la exposición, el abogado del CDE, Rodrigo Álvarez Alarcón, detalló un sistema de uso indebido de fondos públicos. El núcleo de la acusación se centra en el financiamiento de la plataforma Social Task, la cual, según el ente persecutor, tenía fines electorales claros, apoyándose en un hallazgo crítico: el uso de un padrón electoral con alcance nacional. Sobre este punto, Álvarez fue enfático: “La extensión de los datos no se circunscribe al distrito, sino que es a nivel nacional. Nos parece que no es posible discutir que el objetivo de la plataforma era electoral”.
La investigación también puso bajo la lupa a la empresa Modo 74. Un informe de Contraloría reveló que el 95% de su facturación dependió de gestiones o influencias directas del exparlamentario. De los $303 millones rendidos por Lavín al Congreso entre 2015 y 2025, aproximadamente $85 millones —cerca de un 28%— fueron destinados a esta compañía. El CDE sostiene que se emitieron facturas ideológicamente falsas para justificar gastos parlamentarios que nunca se ejecutaron.
Perjuicio fiscal y riesgo para la investigación
El fraude se extiende a la imprenta MMG, donde se habrían pagado servicios inexistentes para cubrir deudas electorales pasadas, causando un perjuicio superior a los $12 millones. En el caso específico de Social Task, la suma del perjuicio asciende a más de $177 millones mediante mecanismos de facturas, honorarios y pagos triangulados a través de Modo 74.
La argumentación del CDE para pedir la cárcel subraya que Lavín León ejercía control directo sobre los recursos y el personal, calificándolo como autor. Arnaldo Domínguez, por su parte, es señalado como intermediario y ejecutor. Actualmente, el CDE advierte sobre 17 diligencias pendientes, incluyendo análisis patrimoniales por depósitos en efectivo que superan los $50 millones en cuentas del exdiputado. La defensa del Estado concluyó que, ante la gravedad de los delitos y el uso de facturas que superan las 40 UTM —lo que eleva la pena al rango de crimen—, el escenario legal actual no permite otra medida proporcional que no sea la privación de libertad.
¿Logrará la Fiscalía asegurar esta medida cautelar frente a la defensa del exparlamentario? El tribunal deberá determinar en los próximos días si la reiteración de los actos y el peligro para la sociedad son fundamentos suficientes para mantener a los imputados tras las rejas mientras se aclaran los diversos focos de este fraude al fisco.
