La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial, Evelyn Matthei, lanzó duras críticas hacia la propuesta del Ejecutivo de eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años, una medida enmarcada en el Plan de Reconstrucción presentado por el Gobierno.
En una entrevista con Radio Pauta, la figura política argumentó que, ante el actual escenario de crisis económica y altas tasas de desempleo, resulta inoportuno implementar este tipo de beneficios fiscales. Matthei sostuvo que la iniciativa, lejos de ser una solución efectiva, constituye una estrategia política antigua.
¿Por qué Matthei critica la medida?
Durante su conversación con el medio radial, Matthei fue enfática al señalar que este plan no representa una solución real para las finanzas municipales. Según su visión, el argumento de compensar a los gobiernos locales mediante el Fondo Común Municipal no es sostenible en la práctica:
«Cuando nosotros estamos en un problema grave, con mucha gente desempleada, enfrentando temas graves de alzas de precio, hay harta desesperación entre los chilenos. Venir a bajar las contribuciones del 20% de las casas más grandes… yo no sé, me parece un contrasentido absoluto».
La exalcaldesa calificó la promesa de compensación como algo «más viejo que el hilo negro». Argumentó que, en su experiencia, el Estado suele retirar recursos por otras vías para equilibrar la balanza, dejando finalmente a las municipalidades sin los ingresos necesarios para operar sus programas sociales.
El descontento de los municipios
El malestar expresado por Evelyn Matthei se alinea con las preocupaciones manifestadas desde la Asociación Chilena de Municipalidades. Recientemente, más de 220 jefes comunales se reunieron de manera telemática para analizar el impacto del ajuste propuesto por el Gobierno.
Los alcaldes advirtieron que esta modificación podría afectar directamente la entrega de servicios básicos a la comunidad y comprometer la continuidad de programas sociales, golpeando especialmente a aquellas comunas que cuentan con menores ingresos. Mientras el debate sigue abierto en el Congreso, el Ejecutivo se enfrenta a una creciente presión política por parte de ediles que ven en esta política un riesgo inminente para la gestión local.