El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, manifestó su abierto desacuerdo con el informe preliminar emitido este martes por la Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados. Dicho documento valida la tramitación como ley simple de la propuesta que busca establecer una invariabilidad tributaria por 25 años, una medida que, según el legislador, requiere un alcance mucho más profundo.
Mulet insistió en que el Ejecutivo debe trabajar en un acuerdo transversal para que la medida sea aprobada mediante una reforma constitucional. Su argumento es claro: si se tramita solo como una ley simple, cualquier gobierno futuro podría modificar el régimen de invariabilidad. Ante este escenario, el parlamentario confirmó que se encuentra estudiando la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para zanjar la inconstitucionalidad del procedimiento.
Cuestionamientos técnicos y el legado del DL 600
El legislador fue enfático en señalar que el informe entregado por la Secretaría es apenas un paso previo y no una decisión definitiva. «Tengo mucho respeto por el secretario de la Cámara, pero esto es un informe preliminar. La facultad de fondo no está resuelta aquí. Es el TC, si es que se recurre, el que debe determinar la razón de fondo», afirmó el diputado.
Uno de los puntos centrales de la crítica de Mulet apunta al uso del Decreto Ley 600 (Estatuto de la Inversión Extranjera) como fundamento técnico. Según el diputado, este decreto fue dictado en dictadura utilizando facultades constituyentes, y su aplicación actual presenta graves defectos. «No podemos hipotecar el futuro del país por 25 años», advirtió, sumando observaciones similares a las del Consejo Fiscal Autónomo sobre el extenso periodo de vigencia propuesto.
Alternativas y exigencia de un acuerdo amplio
Respecto a los plazos y umbrales, Mulet sugiere revisar la propuesta inicial del Gobierno. «No deben ser 25 años, pero a lo mejor 15, 12 ó 10, algo más razonable», propuso. También cuestionó que el umbral de inversión de US$50 millones es insuficiente si se compara con el valor original del DL 600 en 1974, lo que equivaldría a unos US$500 millones en la actualidad.
El parlamentario apuesta actualmente por la negociación política antes de escalar el conflicto al ámbito judicial. «He dicho que soy partidario de una oposición constructiva, creo que hay que conversar y no necesariamente recurrir al TC, salvo que se cierren en todos los aspectos», sostuvo. Finalmente, reiteró que un blindaje de rango constitucional daría la estabilidad que los inversionistas realmente buscan, evitando que el Estado se vea expuesto a futuras demandas derivadas de contratos-ley.
Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa inicial de tramitación, mientras Mulet mantiene abierta la opción de presentar acciones ante el Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no cede en la búsqueda de un consenso político más amplio.
