El engaño detrás de las expediciones de lujo
Una grave denuncia ha encendido las alarmas en la zona austral del país. Diversos operadores turísticos chilenos han reportado la existencia de turismo ilegal en la Patagonia y la Antártida, donde empresas extranjeras comercializan expediciones exclusivas que superan los $12 millones por persona, operando al margen de la legislación nacional vigente.
Según la información recopilada por T13, el modus operandi consiste en embarcaciones que ingresan a territorio chileno bajo la fachada de viajes privados o particulares. No obstante, en la práctica, funcionan como servicios turísticos comerciales de alto costo. Una de las firmas investigadas promociona travesías por la Patagonia y el territorio antártico con valores cercanos a los $13 millones.
Fiscalizaciones y competencia desleal
La irregularidad ha sido confirmada por las autoridades pertinentes tras diversas fiscalizaciones en terreno. Desde Aduanas señalaron:
«Se fiscalizó un yate que había declarado su ingreso como turista para fines particulares, acreditándose que estaba realizando labores comerciales»
.
El problema no solo radica en la evasión normativa, sino también en el impacto ambiental y económico. Los empresarios nacionales acusan una competencia desleal, ya que ellos están sujetos a estrictas exigencias legales que estas empresas extranjeras ignoran sistemáticamente. Además, se ha denunciado que cruceros extranjeros realizan landing (desembarcos) en zonas protegidas utilizando botes zodiac, contraviniendo las restricciones legales vigentes para la preservación del ecosistema.
¿Qué acciones tomarán las autoridades?
Ante la masificación de estas prácticas en el último tiempo, la preocupación ha escalado hasta el ámbito legislativo. Parlamentarios planean llevar este caso a la Contraloría General de la República para que determine qué organismo debe asumir la responsabilidad fiscalizadora: el Ministerio de Transportes o la Armada de Chile.
El objetivo principal de esta medida es que la autoridad clarifique las competencias y exija un cumplimiento estricto de la normativa, garantizando que todos los operadores turísticos —tanto nacionales como extranjeros— compitan bajo las mismas reglas y protejan efectivamente las zonas restringidas de la Antártida y la Patagonia chilena.
