Un grupo de diputados de oposición se trasladó este lunes hasta la Contraloría General de la República para exigir un pronunciamiento jurídico sobre la circular N°14 del Servicio de Registro Civil e Identificación. El documento, que está vigente desde el pasado 13 de abril, establece los criterios operativos para determinar la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en territorio nacional, generando un intenso debate legal.
Los parlamentarios argumentan que este instructivo administrativo podría estar vulnerando la Constitución y la legislación vigente, al aplicar de manera automatizada el concepto de “hijo de extranjero transeúnte”. Según los legisladores, esta medida podría derivar en la exclusión arbitraria del reconocimiento de la nacionalidad chilena para menores, basándose únicamente en la situación migratoria de sus progenitores.
La controversia sobre el concepto de “extranjero transeúnte”
El punto central del conflicto es la aplicación de una de las excepciones contempladas en el artículo 10 de la Carta Fundamental. La circular exige que los oficiales del Registro Civil verifiquen el estatus migratorio de los padres y, si el nacimiento ocurre bajo una permanencia transitoria, niega la nacionalidad automática. Además, el instructivo señala que ante cualquier duda o carencia de antecedentes, se debe aplicar este criterio restrictivo.
La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, cuestionó la medida señalando que:
“No se puede poner en duda la identidad de un niño o niña que nazca en este país; la infancia es lo primero y no podemos discriminar a quienes hoy, tanto por la Constitución como por tratados internacionales vigentes en nuestro país, están protegidos”.
Dudas sobre atribuciones y derechos de la infancia
Los parlamentarios recordaron que la Corte Suprema ha fallado anteriormente en contra de aplicar de forma automática el concepto de “extranjero transeúnte”. Según el máximo tribunal, esto requiere un análisis profundo que evalúe, entre otros factores, el real ánimo de permanencia de los padres en el país, algo que la circular ignoraría al establecer un procedimiento administrativo estandarizado.
Ante la entidad dirigida por Dorothy Pérez, los legisladores presentaron cinco puntos críticos, solicitando evaluar si el organismo ha excedido sus competencias y si el instructivo protege debidamente los derechos fundamentales de los niños y niñas. Entre las consultas destacan la solicitud de invalidar el texto si se demuestra que vulnera el marco constitucional.
Por su parte, desde el Registro Civil desestimaron las críticas, sosteniendo que la circular es simplemente un recordatorio de normas preexistentes. Según la institución, el objetivo es evitar errores en los procesos de inscripción de nacimiento, asegurando que no se han introducido cambios sustantivos en la legislación. Por ahora, el destino de esta circular queda en manos de la Contraloría, entidad que deberá determinar si el Registro Civil se ajusta a derecho o si el documento debe ser modificado.
