Una compleja situación financiera afecta a pequeños constructores de la Región de Los Ríos, quienes acusan millonarios perjuicios económicos tras ejecutar viviendas bajo el programa de subsidio habitacional que, a pesar de estar terminadas, recepcionadas y habitadas, no han sido pagadas por el Serviu.
El caso de Claudio Barría, propietario de Constructora Barría en La Unión, es emblemático. El empresario ejecutó una vivienda rural en Río Bueno por un monto cercano a los $28 millones, utilizando un subsidio del beneficiario. Según relató, la obra fue recepcionada tanto por la municipalidad como por el Serviu; sin embargo, al intentar cobrar, le notificaron que el beneficio estaba vencido.
Tengo toda mi inversión en las casas y materiales también; así que quedé sin plata. Ahora para sobrevivir tuve que meterme al banco, estoy endeudado. Lo que yo había comprado en materiales para seguir trabajando y había invertido toda mi plata. Por eso ninguna empresa quiere hacer casas rurales.
Ante esta situación, Barría recurrió a la Contraloría General de la República, denunciando un eventual enriquecimiento sin causa, dado que los fondos habrían sido transferidos desde Santiago a la región. El organismo dictaminó a su favor, instruyendo al Serviu de Los Ríos efectuar el pago en un plazo de 15 días. A casi un mes de dicha resolución, los fondos aún no han sido cursados.
Retrasos, burocracia y la crisis de los constructores
Un segundo empresario afectado es Joseph Soto, de la Sociedad Constructora Syr Social limitada, quien enfrentó dificultades similares con una vivienda en Valdivia. El proyecto, iniciado en 2020 por cerca de $28 millones, sufrió retrasos debido a la pandemia, cambios normativos y problemas administrativos.
Aunque la casa cuenta con todos los permisos legales y revisión del Serviu, el subsidio caducó el 24 de junio de 2024. Soto sostiene que el organismo ha rechazado el pago argumentando una prórroga observada, mientras él insiste en que no solicita una extensión, sino el pago por una obra ya ejecutada y habitada. El empresario cuestionó las alternativas sugeridas por la autoridad, calificando de inviable demandar a los propietarios o demoler las viviendas.
La postura del Serviu ante los subsidios vencidos
Consultado por esta problemática, el director regional subrogante del Serviu, Mauricio Carrasco, explicó que ambos casos se enmarcan en subsidios de construcción en sitio propio que tienen un límite de vigencia de 60 meses (cinco años). Según la autoridad, al no haberse ingresado la recepción definitiva dentro de dicho plazo, el servicio no puede ampliar los plazos para generar el pago.
“Si nosotros tenemos un informe de Contraloría que nos diga si corresponde el pago; nosotros tenemos algunas imputaciones presupuestarias que podemos ocupar cuando existen este tipo de dictámenes, más allá de que el marco normativo de las condiciones o requisitos que se exigen no se cumple a cabalidad”, puntualizó Carrasco.
Mientras el Serviu asegura esperar pronunciamientos definitivos, los constructores mantienen una postura firme. Ante la falta de pagos y la acumulación de deudas bancarias, los afectados no descartan convocar a una mesa de trabajo conjunta con los beneficiarios y las autoridades, o bien, judicializar el caso para recuperar los recursos invertidos en estas obras que hoy son hogares habitados pero no remunerados.
