Una crisis que afecta al Estado
La Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez, instancia clave creada durante la administración de Gabriel Boric, enfrenta una fractura irreparable. Su presidenta, Soledad Larraín, junto a los comisionados Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner, presentaron su renuncia indeclinable ante lo que califican como una gestión insostenible por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Motivos de la salida
El grupo de especialistas argumentó que su continuidad era incompatible con las directrices ministeriales. Según detallaron en una declaración pública, pese a semanas de diálogo de buena fe donde presentaron propuestas de ajuste presupuestario y datos técnicos para advertir riesgos, la respuesta fue contraproducente.
Los comisionados apuntaron directamente contra tres decisiones del Ministerio de Justicia: la desarticulación del equipo profesional, una alteración en el modelo territorial y un debilitamiento en las condiciones necesarias para la toma de testimonios. Estas medidas, sostienen, no permiten resguardar las condiciones mínimas para cumplir con el mandato encomendado.
El alcance del mandato
La comisión tiene como objetivo esclarecer la verdad, reconocer y entregar reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo custodia del Estado entre los años 1979 y 2024. Los renunciados subrayaron que este encargo es una tarea de Estado y no una prioridad exclusiva de un gobierno de turno, citando estándares internacionales de reparación y garantías de no repetición.
La salida de los cuatro integrantes será efectiva a partir del próximo 15 de mayo. Antes de dejar sus funciones, se comprometieron a realizar un proceso de traspaso responsable. Aseguraron que entregarán todos los avances, aprendizajes y antecedentes acumulados para evitar que el trabajo realizado hasta la fecha se pierda, manteniendo el foco en la protección de las víctimas.
