Tensión en el gabinete por reasignación de recursos
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, encendió las alarmas políticas al revelar un fuerte desacuerdo con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. Según explicó el secretario de Estado en conversación con Radio Infinita, la cartera de Vivienda atraviesa un momento crítico por falta de presupuesto, situación que ha obligado a buscar reasignaciones internas mientras esperan que Hacienda finalmente libere los fondos comprometidos.
El conflicto escaló cuando Poduje confirmó que Quiroz le solicitó evaluar recortes específicos en programas emblemáticos de su ministerio. Entre los puntos en disputa, el ministro de Hacienda sugirió revisar o eliminar el Programa de Pavimentación Participativa, una iniciativa histórica que permite a los vecinos gestionar el mejoramiento de sus calles. Poduje fue tajante en su negativa: “No vamos a cortar los programas de pavimento participativo”, defendió, argumentando que es un proyecto querido por los alcaldes y de bajo costo marginal.
La postura de Poduje frente a las exigencias
Además de los pavimentos, la autoridad de Vivienda reveló que desde Hacienda se le pidió evaluar el corte de presupuesto destinado al mejoramiento de condominios sociales. Se trata de viviendas entregadas hace dos o tres décadas que requieren reparaciones urgentes, como la reposición de techumbres. Ante la presión para financiar el plan de reconstrucción nacional a costa de estos beneficios, el ministro se mantuvo firme.
Al ser consultado sobre si el ministro Quiroz tiene la facultad de imponer estas medidas de austeridad, Poduje marcó una clara línea de jerarquía. “Yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. Él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay”, sentenció el titular de Vivienda.
Por su parte, el debate en el Ejecutivo se intensifica, mientras figuras como el exministro Mario Marcel han calificado las discusiones sobre cambios de paradigma presupuestario como “excesivas”. Mientras tanto, en el Congreso, el parlamentario Alvarado emplazó a la oposición tras la polémica, exigiendo que se demuestre si efectivamente se le ha quitado un beneficio social concreto a la ciudadanía.
