La Contraloría General de la República oficializó una dura instrucción contra el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), ordenando el inicio de un sumario administrativo. Esta determinación surge tras detectar serias imprecisiones en una publicación oficial que hacía referencia a un supuesto “Estado en quiebra”, frase que generó cuestionamientos sobre la veracidad de la información difundida por el Ejecutivo.
¿Por qué la Contraloría decidió intervenir en las comunicaciones del ministerio? Según el dictamen emitido este miércoles, si bien la cartera que encabeza la ministra Camila Vallejo cuenta con facultades legales para comunicarse con la ciudadanía —incluso utilizando un lenguaje cotidiano y cercano—, existe un límite infranqueable.
El criterio de probidad en la comunicación oficial
El organismo contralor fue enfático al establecer que todas las comunicaciones institucionales deben regirse estrictamente por los principios de probidad, transparencia y el deber fundamental de entregar información que sea verificada, correcta y oportuna. El uso del término “Estado en quiebra” fue catalogado como una irregularidad al no ajustarse a estos estándares técnicos requeridos para un órgano de la administración del Estado.
Este caso pone sobre la mesa el debate sobre el uso de redes sociales y canales oficiales por parte de reparticiones gubernamentales. El sumario busca determinar responsabilidades específicas dentro del equipo de comunicaciones de la Segegob ante la falta de rigor en la información entregada a la opinión pública.
¿Qué sigue tras la orden de la Contraloría?
Actualmente, el proceso se encuentra en su etapa inicial de instrucción. Mientras se recopilan los antecedentes adicionales sobre cómo se gestó la publicación y quiénes autorizaron su difusión, el equipo de El Reporte Diario mantiene un seguimiento constante ante posibles nuevas actualizaciones que puedan surgir desde el Palacio de La Moneda o desde el ente fiscalizador. La resolución final de este sumario podría sentar un precedente sobre cómo el Gobierno debe comunicar el estado financiero del país en el futuro.
