Ejecuciones en Corea del Norte: un giro tras la pandemia
El régimen de Corea del Norte triplicó sus ejecuciones y sentencias de muerte durante el periodo comprendido entre 2020 y 2024. Según el reciente informe del Transitional Justice Working Group (TJWG), una oenegé surcoreana, al menos 153 personas fueron ejecutadas o condenadas a muerte tras el estallido de la crisis sanitaria, frente a las 44 registradas en los cinco años previos.
El documento, titulado ‘Mapeando las ejecuciones en Corea del Norte antes y después de la pandemia de Covid-19’, analiza cómo el cierre de fronteras en 2020 marcó un punto de inflexión. Si bien entre 2015 y 2019 las ejecuciones habían disminuido debido a la presión internacional, la tendencia se revirtió drásticamente coincidiendo con una mayor rigidez en el control social e ideológico del país.
El control de Kim Jong-un y el castigo a la cultura externa
El estudio analizó 144 casos específicos de ejecuciones y sentencias capitales a lo largo de los 13 años que lleva en el poder Kim Jong-un (2011-2024), totalizando al menos 358 ejecuciones documentadas. Entre los métodos utilizados, el fusilamiento continúa siendo el predominante, alcanzando un 96,4% de los casos, mientras que el 72,8% de estas ejecuciones fueron de carácter público.
El TJWG sostiene que las penas capitales se utilizan como herramienta de control político, social e ideológico, destacando el aumento de las ejecuciones vinculadas al consumo o difusión de cultura surcoreana, prácticas religiosas y supersticiosas y los condenados por delitos políticos.
El informe logró identificar 46 lugares de ejecución, algunos de ellos ubicados en en Pionyang, situados cerca de la sede central del Partido de los Trabajadores, conocida popularmente como la “oficina de Kim Jong-un”. La recolección de esta información se basó en los testimonios de 265 desertores norcoreanos, además de reportes de cinco medios especializados con fuentes internas.
¿Qué sigue para los derechos humanos en Corea del Norte?
Estos hallazgos refuerzan las denuncias previas de la ONU, que recientemente aprobó una nueva resolución condenando las violaciones de derechos humanos por parte de Pionyang, la cual fue copatrocinada por Corea del Sur. La pandemia no solo dejó un deterioro en las condiciones de vida, sino que permitió al régimen endurecer su aparato represivo.
Actualmente, el panorama para la población norcoreana sigue bajo una estricta vigilancia, con una marcada persecución contra todo lo que el gobierno considera “cultura surcoreana”. El futuro próximo sugiere que, mientras el hermetismo se mantenga, la comunidad internacional seguirá enfrentando serias dificultades para detener estas prácticas punitivas que se consolidan como un pilar del control interno del régimen.
