La Ley de Humedales ha vuelto a instalarse en el centro del debate habitacional. El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, encendió las alertas durante su visita a la región de Los Ríos, donde calificó la actual normativa como una «burrocracia» que está asfixiando la inversión y postergando el sueño de la casa propia para cientos de familias chilenas.
El secretario de Estado fue tajante al señalar que la implementación de esta legislación impide actualmente la edificación de conjuntos de viviendas sociales. Según el diagnóstico del ministro, Valdivia enfrenta hoy una crisis severa de acceso a suelo apto, situación directamente vinculada a las restricciones que imponen los humedales urbanos. Para Poduje, si bien el espíritu de la ley es positivo, el diseño actual es deficiente y requiere modificaciones urgentes para compatibilizar el resguardo ambiental con la urgencia habitacional.
Tensión en el Serviu: el cruce con De Urresti
El conflicto escaló durante una reunión clave sostenida en las dependencias del Serviu en Valdivia, instancia que contó con la participación de parlamentarios, dirigentes sociales y autoridades regionales. En medio de la discusión, un Consejero Regional destacó el carácter de «ciudad humedal» que posee la capital de Los Ríos, ante lo cual Poduje lanzó una consulta directa: ¿Es ético que las familias deban esperar hasta 8 años por una solución habitacional debido a los alcances de esta normativa?
En la misma línea, el titular del Minvu apuntó directamente contra el senador Alfonso de Urresti (PS), quien impulsó la iniciativa legal. El ministro lo calificó como «parte responsable de esta brutalidad» administrativa, cuestionando los procesos derivados de su propuesta parlamentaria.
¿Es el suelo el verdadero obstáculo?
Esta arremetida de Poduje no es un hecho aislado. El pasado 25 de marzo, en una sesión ante la Cámara de Diputados, el ministro ya había argumentado que la disponibilidad de terrenos en Valdivia es extremadamente limitada debido a la extensión geográfica de los humedales. Aquel planteamiento fue refutado en su momento por la alcaldesa Carla Amtmann, quien aseguró que la comuna dispone de más de 140 hectáreas aptas para proyectos de vivienda.
Hoy, el escenario sigue marcado por el tira y afloja entre la protección ambiental y la necesidad de terrenos edificables. Mientras el Gobierno busca ajustar los criterios técnicos de la ley, las familias a la espera de sus subsidios observan cómo la burocracia sigue siendo el principal muro de contención para el desarrollo urbano en el sur del país.
