Un duro dictamen de la Contraloría General de la República remeció al Consejo para la Transparencia (CPLT). El organismo fiscalizador confirmó una serie de irregularidades que involucran a Bernardo Navarrete, actual consejero y ex presidente de la entidad, tras detectar incompatibilidades legales en el ejercicio simultáneo de sus funciones públicas y su labor académica en la Universidad de Santiago de Chile (Usach).
El documento oficial, identificado como Dictamen N° D45/2026, detalla que Navarrete mantuvo de forma paralela un cargo en la Usach mientras ejercía como consejero y, posteriormente, como presidente del CPLT. Esta situación vulnera la normativa vigente sobre probidad administrativa e incompatibilidades en el sector público.
El origen de la investigación y las omisiones
El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval. El parlamentario acusó que el consejero omitió declarar su vínculo académico en sus declaraciones de intereses y patrimonio correspondientes a los años 2021 y 2022. La Contraloría precisó que el afectado debió cesar automáticamente en su cargo en la Usach el 21 de diciembre de 2020, fecha en que asumió como consejero del CPLT, debido a que mantenía una jornada de 44 horas semanales que resultaba incompatible.
La falta de información oportuna al ente contralor impidió detectar la infracción en su momento. Aunque en 2024 la universidad intentó regularizar la situación modificando su designación a 11 horas semanales, la Contraloría declaró que dicha medida no estaba ajustada a derecho, ordenó su invalidación e instruyó el cese inmediato de sus funciones en la casa de estudios.
Críticas a la probidad del consejero
Tras las rectificaciones forzosas de sus declaraciones de intereses y patrimonio, el organismo emitió un apercibimiento formal contra el consejero. El diputado Irarrázaval fue enfático al abordar las consecuencias de este hallazgo para la imagen pública del organismo:
Cuando quien debe velar por la transparencia incurre en este tipo de situaciones, se compromete gravemente la confianza en la institución. El consejero debiera renunciar.
El parlamentario también cuestionó la percepción de ingresos durante el tiempo en que la relación fue considerada incompatible, señalando que habría sido esperable la devolución de dichos recursos económicos.
Actualmente, la Universidad de Santiago tiene el mandato de informar en los plazos legales las acciones adoptadas para acatar el dictamen. Asimismo, deberá iniciar un procedimiento interno para determinar posibles infracciones adicionales. La gran interrogante que queda abierta es si este apercibimiento será suficiente para mantener la credibilidad del CPLT, mientras se espera que la institución presente el informe final sobre cómo resguardará la normativa de probidad hacia el futuro.
Fuente: BioBio Chile
