Arturo Vidal se encuentra en el centro de una investigación por un robo a una casa de cambios de Santiago, tras haber recibido una millonaria suma de dinero. Los hechos ocurrieron a principios de enero, mientras el futbolista cumplía con la pretemporada de Colo-Colo, cuando Ignacio Rodríguez Beltramín, entonces jefe de la empresa, le entregó fondos presuntamente extraídos desde la caja fuerte de Money Global, ubicada en calle Agustinas.
Detalles del vínculo y el caso
La denuncia, caratulada como apropiación indebida, señala que el acusado Rodríguez Beltramín sustrajo 50 millones de pesos sin forzar la caja fuerte de la sucursal. Según se ha informado, el dinero fue entregado directamente en el domicilio particular del futbolista. Existe una conexión previa entre las partes: el acusado es hermano de Javier Rodríguez, quien trabaja con Vidal y mantiene una relación de cercanía con el exseleccionado nacional.
Francisco Gutiérrez Valenzuela, dueño de la empresa afectada, llegó a conocer a Vidal precisamente a través de Javier Rodríguez. Tras las diligencias encabezadas por la PDI, se confirmó que el jugador prestó declaración y concretó la devolución de 35 millones de pesos esta mañana, aunque hasta el momento ni él ni su círculo cercano han emitido comentarios oficiales sobre el procedimiento.
La postura de la defensa de la casa de cambios
Manuel Umaña, abogado representante de la casa de cambios, abordó los detalles del proceso en el programa «La Tarde es Nuestra» de Canal 13. El jurista explicó: «El señor Arturo Vidal devolvió 35 millones de pesos. Mañana miércoles tendrá que entregar 15 millones de pesos más. Con eso se podría llegar a término de esta causa mediante un acuerdo».
El abogado calificó el hecho de forma tajante: «Esto fue un robo por parte de la casa de cambios. El delito es de robo, a la caja fuerte del local». Según Umaña, la denuncia se formalizó debido al incumplimiento de compromisos por parte del trabajador involucrado, quien posteriormente fue finiquitado. La estrategia actual apunta a cerrar el conflicto legal en buenos términos mediante la restitución total de los 50 millones sustraídos.
