La región de La Araucanía se encuentra en el centro de un escándalo financiero que ha sacudido a las autoridades locales. Según una auditoría externa realizada durante 5 meses, se ha detectado que $80 mil millones en fondos públicos no fueron debidamente justificados por diversas instituciones, entre ellas fundaciones, municipios y universidades, durante la administración del exgobernador Luciano Rivas.
Los Consejeros Regionales, entre ellos la recién electa Patricia Paillao del Frente Amplio, han calificado esta cifra como «insólita» y esperan que la Fiscalía actúe con celeridad para investigar el destino de estos recursos. Paillao señaló que hay personas ya formalizadas y con medidas cautelares por el caso de las Fundaciones en La Araucanía, y espera que con estos nuevos antecedentes se pueda seguir «la ruta del delito».
Aceleración de las investigaciones
Por su parte, el consejero Cristian Herrera, del partido Demócrata, indicó que los resultados de la auditoría externa permitirán a la Fiscalía realizar un trabajo «más acelerado» en la investigación de estos fondos no rendidos. Esto se debe a que la auditoría ha proporcionado información clave que facilitará el avance de las pesquisas.
Uno de los consejeros regionales que ya ha declarado como testigo en esta causa es Miguel Ángel Contreras, un independiente. Contreras explicó que su testimonio se debe a una declaración que realizó a principios de año, donde denunció que las mismas empresas se adjudicaban proyectos y que además inflaban los precios. Ahora, con los hallazgos de la auditoría, espera que la investigación avance de manera más contundente.
Implicaciones y expectativas
La revelación de estos $80 mil millones en fondos públicos no rendidos ha generado una gran preocupación en la comunidad de La Araucanía. Los consejeros regionales han expresado su esperanza de que la Fiscalía actúe con rapidez y determinación para esclarecer el destino de estos recursos y, de ser necesario, sancionar a los responsables.
Esta situación pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos, especialmente en una región que enfrenta desafíos sociales y económicos significativos. La comunidad de La Araucanía espera que este escándalo se resuelva de manera efectiva y que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
