En un sorprendente giro de eventos, el Gobierno Regional de La Araucanía ha destapado un escándalo de proporciones al denunciar que fundaciones, municipios y universidades no rindieron cerca de $80.000 millones en fondos públicos que les fueron transferidos hasta finales del año pasado.
Según el gobernador René Saffirio, la investigación realizada por una auditoría externa reveló graves irregularidades en la ejecución presupuestaria durante los años 2022, 2023 y 2024, cuando la institución estaba liderada por el exgobernador Luciano Rivas, cuestionado por las millonarias transferencias a fundaciones que ahora son objeto de investigación por parte del Ministerio Público.
Crimen organizado en el GORE
Saffirio, de manera categórica, aseguró que en el Gobierno Regional de La Araucanía hubo «crimen organizado«. Según el gobernador, el exmandatario Rivas renunció a su deber de firmar documentos y delegó esta función a subalternos, lo que «proveyó de cierta impunidad respecto de los actos administrativos».
La auditoría externa, realizada por la empresa Fortunato y Asociados, concluyó que el organismo no recibió la rendición de recursos traspasados a las fundaciones, municipios y universidades por más de 79.500 millones de pesos. Al respecto, Saffirio señaló que «no se sabe qué se hizo, cómo se usó y si se usó, en consecuencia, correctamente o no este monto».
Avance de las investigaciones
Según las autoridades, al menos un 20% de estos fondos ya han sido restituidos, aunque toda la documentación está siendo revisada. Cabe recordar que hace algunos meses, la Fiscalía reveló que el Gobierno Regional de La Araucanía había transferido más de 44.000 millones de pesos a distintas fundaciones, siendo este monto el principal foco de investigación.
Con esta nueva revelación de cerca de 80.000 millones de pesos no rendidos, el gobernador Saffirio espera que las indagaciones del caso Convenios avancen con mayor celeridad en la zona. Los antecedentes también fueron enviados a la Contraloría General de la República (CGR), ya que hay 5 sumarios en curso contra funcionarios que tenían que realizar las labores de control.
Este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos, a fin de evitar que se repitan este tipo de situaciones que socavan la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.
