La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es un organismo clave para la protección ambiental en Chile, pero su actual administración ha sido cuestionada por una serie de irregularidades que ponen en riesgo su capacidad operativa a nivel nacional.
Desde la perspectiva de los propios funcionarios de la SMA, el (autodenominado) «primer gobierno ecológico de Chile» ha empobrecido y reducido el tamaño de las Oficinas Regionales de este servicio, en contraste con las contrataciones y aumentos salariales en el Nivel Central de Santiago. Esta situación ha generado un creciente déficit de personal en las regiones, donde los pocos funcionarios deben asumir múltiples tareas de jefatura, administración y fiscalización, exponiéndose incluso a agresiones verbales y físicas de ciudadanos frustrados por la falta de respuesta a sus solicitudes.
Oficinas Regionales Desatendidas
Cada oficina regional de la SMA cuenta con un equipo de fiscalizadores, donde al menos uno es un profesional de larga trayectoria que recibe una remuneración más alta que el promedio. Sin embargo, durante la actual administración, se han visto casos como el de la Oficina de Arica, donde este único cupo fue trasladado a Santiago, dejando a la región con solo un fiscalizador. Lo mismo ocurre en la Oficina de Tarapacá, que ha mantenido dos cargos vacantes durante prácticamente todo el 2025.
Situaciones similares se han evidenciado en las Oficinas de O’Higgins y Metropolitana, donde las vacantes de estos «grados altos» fueron trasladadas a Santiago. Mientras tanto, las delegaciones regionales han sido integradas por funcionarios que cumplen las mismas funciones críticas de un Jefe de Oficina Regional, pero reciben una remuneración hasta cinco veces menor que ellos, y cerca de la mitad del sueldo de un fiscalizador del Nivel Central.
Favoritismo y Cuestionables Contrataciones en el Nivel Central
En contraste con el abandono de las regiones, en el Nivel Central de Santiago se ha favorecido de forma directa a ciertos funcionarios con sueldos «groseramente altos» para las funciones que desempeñan. Además, se han hecho contrataciones a dedo y se han levantado concursos públicos altamente cuestionables que terminan recayendo sobre personas cuyo mérito, experiencia y/o funciones no necesariamente justifican su elección más que su posición de afinidad con los «administradores».
Según la Directiva de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la SMA, estos casos han sido denunciados a la Contraloría General de la República, a la espera de que este organismo actúe con el mismo «carácter implacable» que ha mostrado últimamente al mirar hacia las «altas esferas de la élite política».
Un Servicio Público Debilitado
Todo este esquema de creación de cargos, oficinas y secciones nuevas en el Nivel Central parece estar diseñado para justificar la supuesta necesidad del servicio ante la DIPRES y el Servicio Civil, quienes también tienen responsabilidad en esta situación.
La indignación por el mal uso de los recursos fiscales no solo se percibe fuera del Estado, sino que también coexiste al interior de éste, donde un sinfín de funcionarios y funcionarias cumplen diariamente con sus funciones críticas, a pesar de la falta de personal y de condiciones adecuadas de trabajo. La excusa de la «ausencia de presupuesto» se utiliza para negar solicitudes básicas, mientras que mágicamente aparecen aumentos de grados y nuevos cargos no esenciales para el servicio.
En resumen, la Superintendencia del Medio Ambiente, un organismo clave para la protección ambiental en Chile, se ve debilitada por una administración que prioriza el Nivel Central en Santiago, en detrimento de las Oficinas Regionales, donde realmente se atiende a la ciudadanía y se mantiene en pie el servicio público.
