La Agrupación de Prensa del Congreso Nacional ha acusado a la Cámara de Diputados de imponer severas restricciones al ejercicio periodístico durante el trámite de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
Según el gremio, tanto al inicio como al final de la sesión, cuando Ulloa salió del hemiciclo, los medios de comunicación no pudieron acceder ni hablar con él dentro del edificio. Las puertas de los pasillos a los costados de la sala fueron cerradas, confinando a los periodistas al hall «El Pensador» con el propósito explícito de impedir que abordaran al ministro. Esto se logró mediante el despliegue de personal de seguridad que escoltó a Ulloa hasta el estacionamiento y bloqueó las puertas para evitar el registro de imágenes.
La Agrupación de Prensa recuerda que en junio pasado ya habían denunciado obstrucciones similares durante la tramitación de la acusación contra el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán. Sin embargo, afirman que en lugar de solucionarse, la situación se agravó en el caso de Ulloa.
Explicaciones Contradictorias
Ante las consultas de los periodistas, el Presidente de la Cámara, José Miguel Castro, aseguró no tener conocimiento de estas restricciones. Por su parte, el Secretario General, Miguel Landeros, argumentó que el Congreso no es un «espacio público», sino un lugar con «función pública» donde la Cámara decide unilateralmente qué es accesible y qué no.
Estas explicaciones, según el gremio, «contradicen el principio democrático de transparencia: una función pública exige rendición de cuentas y la prensa acreditada es un contrapeso necesario».
Vulneración de Derechos y Precedentes Preocupantes
La Agrupación de Prensa sostiene que este «blindaje» a figuras cuestionadas durante acusaciones constitucionales «erosiona la confianza pública y establece precedentes preocupantes para el futuro del trabajo periodístico».
Afirman que estas restricciones vulneran el artículo 19, numeral 12, de la Constitución, que protege la emisión de opiniones e información sin censura previa ni coacción externa. Además, ignoran el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que rechaza barreras indirectas al acceso a información pública en instituciones estatales.
Finalmente, el gremio se muestra preocupado por la posibilidad de que estas prácticas se repitan durante la tramitación de la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow, emplazando a que «cese esta escalada» y se garantice un «Congreso accesible, no un búnker para representantes y funcionarios públicos cuestionados».
