En una batalla por los derechos de los consumidores, los vecinos del Gran Concepción se enfrentaron a las autoridades en un intento por frenar el sobrecargo en sus cuentas de electricidad. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción ha declarado inadmisible el recurso de protección presentado por los residentes, argumentando que los derechos afectados no pueden ser subsanados a través de esta acción constitucional.
El abogado Oscar Ulloa, parte del equipo del exsenador Alejandro Navarro, quien impulsó la acción legal, expresó su crítica al pronunciamiento de la justicia, acusando a los jueces de ignorar deliberadamente la denuncia presentada por los vecinos.
Recurso de Protección Rechazado
La acción legal denunció como ilegal y arbitrario el sobrecargo que por años han pagado los chilenos por el consumo eléctrico, solicitando a la Corte de Apelaciones que ordenara el cese inmediato de ese cobro en exceso. Sin embargo, el tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso, argumentando que los derechos afectados no pueden ser subsanados a través de esta vía constitucional.
Ante esta decisión, el abogado Ulloa informó que ya han solicitado a la Corte de Apelaciones que reconsidere la resolución. De mantenerse la inadmisibilidad, el recurso de protección será enviado a la Corte Suprema para que determine si se acoge a trámite o se ratifica lo dispuesto por los ministros de Concepción.
Implicaciones y Perspectivas
Desde una perspectiva económica, este fallo judicial representa un revés para los consumidores, quienes continúan enfrentando cobros excesivos en sus cuentas de luz. Para los expertos en derecho del consumidor, la decisión de la Corte de Apelaciones plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos legales disponibles para proteger los derechos de los ciudadanos frente a prácticas tarifarias cuestionables.
Por otro lado, desde la óptica de las empresas eléctricas, este resultado les permite mantener el statu quo y evitar tener que justificar o revertir los sobrecargos aplicados. Sin embargo, la persistencia de los vecinos en llevar el caso a la Corte Suprema sugiere que la batalla legal aún no ha terminado.
En última instancia, este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector eléctrico, así como de mecanismos más efectivos para salvaguardar los derechos de los consumidores. La resolución final de la Corte Suprema será clave para determinar si los vecinos lograrán frenar los cobros excesivos o si deberán continuar enfrentando esta lucha por la justicia tarifaria.
