En un caso que ha conmocionado a la comunidad, la Corte de Apelaciones ha confirmado la condena al Hospital Base de Valdivia y al Servicio de Salud Los Ríos por su responsabilidad en la muerte del empresario y comunicador Augusto Enrique Olave Pavez.
Olave, quien se encontraba bajo tratamiento por COVID-19, falleció en mayo de 2023 debido a lo que los tribunales han determinado como falta de servicio y negligencia médica. La sentencia inicial, dictada por el Segundo Juzgado Civil de Valdivia, había ordenado una indemnización por daño moral de 16 millones de pesos a la esposa del comunicador y 5 millones a cada uno de sus tres hijos.
Sin embargo, la familia de Olave había exigido una indemnización total de 250 millones de pesos, argumentando que se habían omitido pruebas relevantes, como informes médicos forenses y de kinesioterapia, así como registros de disponibilidad de camas de cuidados intensivos (UCI) y unidad de terapia intensiva (UTI) en el hospital. Lamentablemente, estos elementos no fueron considerados en las instancias judiciales anteriores, lo que generó el rechazo del abogado de la familia, Francisco Lara.
Lucha por Justicia y Transparencia
Ante esta situación, el abogado Lara ha anunciado que recurrirán a la Corte Suprema para exponer la omisión de pruebas y la falta de fundamentos en la sentencia. Según Lara, estas evidencias habrían sido cruciales para demostrar la negligencia y la responsabilidad de los organismos de salud en la trágica muerte de Olave.
Por su parte, el Servicio de Salud Los Ríos ha confirmado que analizan la presentación de nuevas acciones judiciales, al tiempo que han lamentado el fallecimiento del empresario. Además, han reafirmado su compromiso con la mejora continua de la calidad y seguridad de la atención en su red asistencial.
Lecciones Aprendidas y Cambios Necesarios
Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar una atención médica de calidad y segura para todos los pacientes, independientemente de su condición. Asimismo, resalta la necesidad de transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones de salud, así como de un sistema judicial que considere exhaustivamente todas las pruebas y evidencias relevantes.
La lucha de la familia de Augusto Enrique Olave Pavez por obtener justicia y respuestas continúa, con la esperanza de que este caso sirva como un llamado a la acción para mejorar los estándares de atención médica y fortalecer los mecanismos de responsabilidad en el sistema de salud.
