El próximo 30 de septiembre, el Gobierno del presidente Gabriel Boric ingresará al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, el último que elaborará su administración. Este hecho ha desatado un intenso debate marcado por la tensión entre la responsabilidad fiscal y la protección de las prioridades sociales.
Desde La Moneda, la ministra vocera Camila Vallejo recalcó que la propuesta presupuestaria se está elaborando con «responsabilidad fiscal y social«, pero advirtió que un mayor endeudamiento restaría recursos a áreas clave como salud, educación, seguridad y vivienda.
Llamado a la oposición
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), hizo un llamado a la oposición a llegar «unidos» al debate presupuestario, con el objetivo de frenar lo que considera un «gasto excesivo en malos programas y contratación de personas«.
Prioridades ciudadanas
Por otro lado, el jefe de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, adelantó que pondrán especial atención en partidas sensibles para la ciudadanía, como seguridad, salud, reducción de listas de espera y educación. Esto, dado que el presupuesto es «difícil y acotado«, por lo que no aceptarán recortes en los gobiernos regionales, ya que sería una «pésima señal para la descentralización«.
En resumen, el debate sobre el último presupuesto de la administración Boric se perfila como un escenario de tensión entre la responsabilidad fiscal y la protección de las prioridades sociales, con la oposición exigiendo contener los «gastos excesivos» y la coalición de Gobierno buscando un equilibrio entre ambos objetivos.
