En un fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, en la región de O’Higgins, condenó al juez Luis Hernán Barría Alarcón por el delito consumado de abuso sexual de una persona mayor de 14 años. El hecho ocurrió en agosto de 2018 en la comuna de Rancagua.
Barría Alarcón fue sentenciado a 541 días de presidio, pero la pena será cumplida a través de la medida sustitutiva de libertad vigilada intensiva durante el tiempo de la condena. Además, se le aplicó la accesoria legal de suspensión de cargos u oficios públicos durante el período de la sentencia.
Requisitos de la libertad vigilada
Para el cumplimiento de la pena en libertad vigilada, el juez deberá:
- Fijar su residencia en una ciudad donde preste funciones.
- Estar sujeto a la vigilancia y orientación permanente de un delegado de libertad vigilada.
- Ejercer una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio.
- Prohibición de aproximarse a la víctima y su familia, y de comunicarse con ellos.
- Cumplir con programas formativos.
Análisis del caso
Este caso pone de manifiesto la gravedad de los delitos sexuales cometidos por figuras de autoridad, como lo es un juez. Si bien la condena implica la suspensión de sus funciones públicas, la decisión de otorgar la libertad vigilada intensiva ha generado controversia, ya que algunos cuestionan si esta medida es suficiente para sancionar adecuadamente un abuso de poder de esta naturaleza.
Desde una perspectiva legal, la aplicación de la libertad vigilada se basa en la evaluación de diversos factores, como el perfil del condenado, la gravedad del delito y el riesgo de reincidencia. No obstante, para muchos, esta resolución puede ser percibida como una sentencia demasiado benigna, lo que podría generar un debate más amplio sobre la necesidad de endurecer las penas para este tipo de delitos.
En cualquier caso, este caso resalta la importancia de mantener la integridad y la confianza en el sistema judicial, así como la necesidad de garantizar que los servidores públicos, especialmente aquellos en posiciones de poder, rindan cuentas por sus acciones y sean sancionados de manera proporcional a la gravedad de sus delitos.
