La Fiscalía Regional de Los Lagos ha dado inicio a un sumario administrativo contra tres funcionarios del Ministerio Público de Osorno, con el objetivo de esclarecer posibles incumplimientos de protocolos institucionales en la recepción de una denuncia y el manejo de evidencias relacionadas con el caso de torturas ocurrido en el Hospital de Osorno.
Según los antecedentes, el año pasado el Hospital de Osorno habría presentado una denuncia por tratos degradantes que habrían afectado a uno de sus funcionarios. Sin embargo, un dispositivo de almacenamiento digital entregado como evidencia no habría sido ingresado ni resguardado conforme a los protocolos del Ministerio Público, lo que impidió que los fiscales tomaran conocimiento oportuno del ingreso del aparato.
Versiones encontradas entre Fiscalía y Hospital
Existe una discrepancia entre las declaraciones de la dirección del Hospital de Osorno y la Fiscalía de la capital provincial respecto a las fechas de presentación de la denuncia y el conocimiento de los videos.
Por un lado, el director (s) del Hospital, Julio Vargas, afirmó que la denuncia fue presentada el año pasado, con todos los antecedentes y el dispositivo de almacenamiento digital entregado como evidencia. Sin embargo, la fiscal María Angélica de Miguel sostuvo que la Fiscalía tomó conocimiento de estos videos recién el mismo día que aparecieron en la prensa y fueron difundidos.
Sumario administrativo y designación de fiscal preferente
Ante esta situación, la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, designó a la fiscal Jefa de Río Negro, Ana María Díaz, como fiscal preferente para que continúe liderando las diligencias investigativas respecto a esta causa.
Además, el Ministerio Público informó que el sumario administrativo que involucra a los tres funcionarios de la Fiscalía de Osorno tiene como propósito «esclarecer sus eventuales responsabilidades por el incumplimiento de los protocolos institucionales sobre la recepción de denuncia y resguardo de evidencia, acciones que impidieron que los fiscales conocieran la existencia del dispositivo».
Avances en la causa penal
Cabe destacar que, a pesar de estos hechos, la investigación penal por los delitos de tortura sigue su curso. El pasado 5 de septiembre, el Juzgado de Garantía de Osorno dio por acreditada la existencia de los delitos y decretó prisión preventiva para dos imputados, así como arresto domiciliario total para los otros dos, medidas que fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Actualmente, la víctima se encuentra recibiendo atención y acompañamiento por parte de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, conforme a los estándares de atención integral.
