En un giro inesperado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha presentado una querella en contra del diputado Joaquín Lavín León por presuntos delitos tributarios cometidos entre 2017 y 2022. La acusación se centra en la supuesta emisión y uso de facturas falsas para justificar gastos de campaña y asignaciones parlamentarias.
Según el documento de 42 páginas presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el SII señala que Lavín y otras tres personas más habrían recurrido a facturas emitidas por las imprentas MMG, TotalPrint y Modol 74 para encubrir estos gastos irregulares. Algunas de estas facturas habrían sido incluso presentadas ante el Congreso y el Servicio Electoral (Servel) para obtener reembolsos con fondos públicos.
Perjuicio fiscal estimado en más de $10 millones
El SII estima que el perjuicio fiscal actualizado al 2025 asciende a más de $10 millones de pesos. Esto se habría logrado a través de facturas emitidas con glosas falsas, como «cuentas públicas», «flyers» o «tarjetas de presentación», cuando en realidad correspondían a deudas de campañas políticas o servicios no prestados.
Adicionalmente, se acusa a Lavín de haber sub declarado ingresos en sus declaraciones anuales de impuestos entre 2018 y 2024, omitiendo los montos percibidos fraudulentamente a través de estas facturas.
Presión del Ministerio Público
El abogado de Lavín, Cristóbal Bonacic, señaló que esta querella responde a una «presión del Ministerio Público para atribuir la mayor cantidad de delitos al diputado» antes de la audiencia de desafuero programada para la próxima semana.
Esta acción del SII se produce justo antes de la audiencia de desafuero que se realizará este martes en la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que sin duda añade un nuevo capítulo a este escándalo político.
Investigación en curso
El SII ha solicitado al Ministerio Público que investigue a los querellados y a cualquier otro responsable que pueda estar involucrado en estos presuntos delitos tributarios. La resolución de este caso tendrá importantes implicaciones tanto para el futuro político del diputado Lavín como para la confianza en las instituciones públicas.
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