En un giro trágico de los acontecimientos, las autoridades japonesas se han visto obligadas a ofrecer disculpas públicas ante la tumba de Shizuo Aishima, un ejecutivo que falleció de cáncer mientras cumplía una condena errónea en prisión.
Aishima, quien trabajaba para la empresa Ohkawara Kakohki, fue enviado a la cárcel en 2020 por supuestamente haber importado equipos esenciales sin la debida autorización, lo que desencadenó un escándalo de malversación de fondos. Sin embargo, según reconocieron posteriormente los fiscales y la policía, la investigación, los arrestos y la acusación fueron ilegales, y no había pruebas sólidas que sustentaran los cargos.
Fallas en el Sistema Judicial Japonés
Mientras Aishima se encontraba en prisión, enfermó de cáncer de estómago, pero no pudo recibir el tratamiento adecuado debido a que no se le otorgaron los permisos correspondientes. Lamentablemente, falleció en septiembre de 2021, tres meses antes de que los fiscales retiraran finalmente los cargos en su contra.
En un comunicado, las autoridades expresaron: «Nos disculpamos profundamente por nuestra investigación y arresto ilegales. Lo sentimos mucho». El Tribunal Superior de Tokio concluyó que todo el proceso había carecido de fundamento probatorio.
Llamado a Reformar la «Justicia de Rehenes»
Este caso ha puesto de manifiesto las fallas en el sistema judicial japonés, donde los defensores de los derechos humanos llevan mucho tiempo denunciando la práctica de la «justicia de rehenes». Esta permite a los investigadores utilizar largas detenciones preventivas para extraer confesiones, lo que a menudo conduce a errores y abusos.
La tragedia de Shizuo Aishima es un recordatorio doloroso de la importancia de garantizar un sistema de justicia justo y transparente, donde los derechos de los ciudadanos sean respetados y protegidos. Las autoridades japonesas tienen ahora la responsabilidad de implementar reformas que eviten que se repitan casos tan lamentables.
