Una alarmante denuncia ha llegado a oídos del Gobierno chileno, sacudiendo la tranquilidad de la zona fronteriza de Futaleufú, en la región de los Lagos. Según informes, se estaría llevando a cabo una presunta venta irregular de más de 400 hectáreas a ciudadanos argentinos, un acto que está estrictamente prohibido por ley en áreas limítrofes, debido a razones de seguridad y resguardo de la soberanía nacional.
La alerta fue presentada por vecinos de la comuna y ha llegado a conocimiento del canciller y ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien de inmediato derivó el caso al Ministerio del Interior para su investigación. Además, se ha solicitado información a otras entidades clave, como el Ministerio de Bienes Nacionales, la Subsecretaría del Interior y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, dada la gravedad de las implicaciones para la seguridad nacional.
Presunta Venta Irregular de Terrenos
Según los detalles proporcionados por el diputado Alejandro Bernales (PL), la denuncia apunta específicamente a la venta de 448 hectáreas en el sector de Lago Lonconao, destinadas aparentemente a parcelaciones de agrado y comercializadas a altos precios. Uno de los antecedentes que llama la atención es que un comprador habría declarado una nacionalidad distinta (española) en notaría, aunque en registros públicos y redes sociales aparece como ciudadano argentino.
Ante esta situación, el parlamentario ha solicitado al canciller que se aclaren los hechos, se inicie una investigación administrativa, se determinen las responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados y se revisen los procedimientos de control y verificación aplicados por las autoridades competentes.
Preocupación por el Desarrollo de la Comuna
Por su parte, el alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón, ha manifestado su profunda preocupación por este fenómeno de loteos y parcelaciones, que afecta directamente al desarrollo de la comuna. En sus propias palabras: «Interesa que quien compra terrenos sean personas que estén un poco asociadas a involucrarse en el desarrollo productivo de nuestro territorio».
Ahora, el Ministerio del Interior deberá establecer la legalidad de las transacciones denunciadas y definir las medidas a aplicar si se confirman las supuestas irregularidades. La soberanía y el desarrollo de Futaleufú están en juego, y las autoridades se enfrentan a un delicado desafío que requiere una respuesta rápida y contundente.
