Un controvertido proyecto de ley que busca regular la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para ciertos condenados ha sido aprobado en general por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La iniciativa, presentada por senadores de Chile Vamos, propone la cancelación de la pena de presidio o su cumplimiento bajo reclusión domiciliaria total para condenados con enfermedades mentales o riesgosas, y para aquellos que tengan 80 años o más, entre otras causales.
Uno de los autores del proyecto, el senador Francisco Chahuán, defendió la propuesta señalando que es necesaria su promulgación para adecuar la legislación penal chilena a los estándares internacionales. Sin embargo, la medida ha sido criticada por algunos sectores, quienes afirman que su verdadera finalidad sería la modificación de la pena de los reclusos en el centro penitenciario especial Punta Peuco, donde se encuentran condenados por crímenes de lesa humanidad.
Preocupación por Posibles Beneficios a Violadores de Derechos Humanos
En la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, hizo referencia a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según esta, la edad de los reclusos no debe ser el único criterio para modificar las penas por crímenes de lesa humanidad, sino que deben considerarse otros factores como la colaboración del condenado para el esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de la gravedad de los delitos.
En palabras de Quintanilla, hay que evaluar la medida considerando todas las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos, y no solo algunos. Esto genera preocupación entre expertos, quienes temen que el proyecto pueda beneficiar a violadores de derechos humanos recluidos en Punta Peuco.
Próximos Pasos y Debate Pendiente
El proyecto de ley se encuentra en su primer trámite constitucional y deberá pasar ahora a la sala del Senado para su discusión general, donde se votará su aprobación o rechazo. Este debate promete ser intenso, con posturas encontradas entre quienes defienden la adecuación a estándares internacionales y quienes temen por la posible impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.
La resolución de este conflicto tendrá importantes implicaciones para el sistema de justicia chileno y el respeto a los derechos humanos en el país.
