El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha tomado medidas enérgicas para abordar el problema del mal uso de licencias médicas por parte de los funcionarios públicos. En un nuevo oficio que se distribuirá este viernes a todas las instituciones del Gobierno Central, se pide a las jefaturas aplicar la sanción de destitución, de ser necesario, a aquellos trabajadores que hayan incurrido en conductas que vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.
Diversos análisis realizados por la Contraloría General de la República han revelado que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país estando con reposo médico. Además, se ha confirmado que algunos trabajadores, incluso con licencia, han asistido a casinos de juegos y visitado parques nacionales.
Investigaciones y Sanciones Disciplinarias
El oficio enviado por el Ministerio de Hacienda, a través del jefe de las arcas fiscales, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, recalca que estas conductas podrían afectar gravemente el principio de probidad administrativa. Por lo tanto, se insta a los ministros, subsecretarios y jefes de servicio a realizar investigaciones adicionales y a ponderar la aplicación de medidas disciplinarias, considerando factores como la reiteración de las conductas reprochadas.
Según los datos proporcionados, hasta el 15 de julio se habían identificado 10.961 funcionarios involucrados en casos de mal uso de licencias médicas en el Gobierno Central, de los cuales 9.293 continuaban en sus servicios, mientras que 1.668 ya no se desempeñaban en ellos. Además, se informó que 880 funcionarios están siendo objeto de sumario administrativo, a pesar de ya no trabajar en las instituciones, y que 10.173 funcionarios serán sometidos a sumario, de los cuales 10.038 siguen con proceso administrativo en curso.
Cero Tolerancia al Abuso
El Ministerio de Hacienda ha dejado claro que no tolerará el abuso de las licencias médicas por parte de los funcionarios públicos. El nuevo instructivo recalca que, si los hechos acreditados vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, la ley establece de manera imperativa que debe aplicarse la sanción de destitución.
Esta medida drástica tiene como objetivo enviar un mensaje contundente y restablecer la confianza en el sector público, garantizando que los recursos y beneficios destinados a los trabajadores se utilicen de manera responsable y en estricto cumplimiento de la normativa vigente.
