En un giro inesperado en el caso Tomás Bravo, la Defensoría de la Niñez y el abogado del padre de la víctima, Moisés Bravo, han presentado nuevas apelaciones contra la condena en costas ordenada por el Tribunal Oral de Cañete. Esta decisión judicial determinó la responsabilidad del Ministerio Público y los querellantes por los recursos que debió disponer la Defensoría Penal en la representación de Jorge Escobar, quien finalmente fue absuelto.
La Fiscalía ya había apelado previamente, solicitando la revocación de la parte de la sentencia que establecía quién debía pagar los costos del juicio. Ahora, la abogada Madeleine Gacitúa, que representa a Moisés Bravo, se ha sumado a esta acción legal.
Argumentos de la Defensoría de la Niñez
Según la Defensoría de la Niñez, su rol como querellante se basó en motivos jurídicos válidos y en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, han subrayado que las sanciones económicas podrían desincentivar la intervención judicial en favor de los derechos humanos en causas de alta gravedad.
Implicaciones de la condena en costas
La decisión del tribunal de ordenar el pago de costas tras la absolución del acusado ha generado preocupación, ya que podría tener un efecto disuasorio para que organismos como la Defensoría de la Niñez intervengan en casos de alta complejidad y gravedad. Esto podría poner en riesgo la protección de los derechos de los menores, algo que las partes querellantes buscan evitar.
El caso Tomás Bravo sigue generando debate y controversia, y estas nuevas apelaciones buscan revertir una decisión que podría tener implicaciones más amplias para la defensa de los derechos de la infancia.
