En un movimiento político-judicial sin precedentes, la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha presentado un requerimiento formal ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), solicitando la cesación inmediata de Claudio Orrego en su cargo de gobernador de la Región Metropolitana.
La acusación se basa en dos causales graves: notable abandono de deberes y contravención al principio de probidad administrativa. Según el documento de más de 180 páginas, redactado por el abogado Máximo Pavez Cantillano, exsubsecretario de la Segpres, Orrego habría incurrido en una «conducta sistemática, reiterada y estructural» de uso indebido de fondos públicos en beneficio de su campaña personal a la reelección.
Coaching electoral con fondos públicos
El punto más grave del requerimiento se sustenta en el Informe Final N° 873/2024 de la Contraloría General de la República. En este documento, el ente fiscalizador acreditó que el Gobierno Regional contrató -vía trato directo- a la consultora Vera y Asociados por $31 millones para impartir un supuesto «coaching directivo», que en realidad fue utilizado para planificar y afinar los contenidos de la campaña a la reelección del gobernador.
Las minutas de las sesiones revelan temas como «manejo de crisis mediáticas en periodo electoral», «segmentación del voto joven», «estrategias para la segunda vuelta» e incluso «posicionamiento presidencial». La Contraloría calificó esta contratación como una infracción directa a la prescindencia política y derivó los antecedentes al Ministerio Público.
Redes institucionales al servicio de la campaña personal
El requerimiento también acusa a Orrego de desviar el uso de las redes oficiales del GORE para fortalecer su cuenta personal de Instagram (@orregocl), incurriendo -según la Contraloría- en «apropiación de un bien público con fines políticos particulares».
Un ejemplo citado es la realización de un concurso con la mascota «Fiu» de los Panamericanos, donde se instó al público a seguir la cuenta personal del gobernador para participar. Además, el documento denuncia una «personalización indebida» de la comunicación institucional, donde en 28 de 38 notas de prensa analizadas, la imagen y nombre de Orrego dominaban el contenido, lo que a juicio de la UDI se transforma en propaganda encubierta financiada por el Estado.
Un patrón de desvío institucional
El requerimiento sostiene que estas acciones no son hechos aislados, sino que responden a una «operación política deliberada, planificada desde enero de 2024», en la cual se utilizaron recursos públicos -tanto humanos como financieros y comunicacionales- para cimentar la candidatura de Orrego.
En palabras del texto: «no se trata de errores administrativos ni de malas decisiones puntuales, sino de un patrón de actuación contrario al Derecho».
Ahora será el Tricel -máxima instancia electoral del país- el que deberá resolver si los antecedentes ameritan una sanción de esta magnitud: la destitución de una autoridad elegida por voto popular. El proceso, que ya fue declarado admisible, promete extenderse durante las próximas semanas y marcar un precedente inédito en la corta historia de los gobiernos regionales.
