En un giro inesperado en el Caso Puerto Coronel, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha ampliado la querella por delitos tributarios en contra del alcalde Boris Chamorro y el exconcejalEduardo Araya. Según los antecedentes presentados, los querellados habrían cometido los delitos de «omisión maliciosa de declaraciones exigidas por ley» y la presentación «maliciosa» de «declaraciones anuales a la renta», ya sean «incompletas o falsas» durante los años tributarios 2022, 2023 y 2024.
De acuerdo a la investigación, el SII habría detectado «una serie de irregularidades tributarias» ocurridas en el Puerto Coronel durante la administración de Eduardo Hartwig, lo que habría beneficiado, «entre otros», al alcalde Boris Chamorro. Según los antecedentes, se estableció que el expresidente de la portuaria, mediante «el uso de facturas ideológicamente falsas extraía fondos de la misma» a través de una sociedad propiedad de Víctor Olivares, exproveedor de la compañía.
Fue a través de este empresario que, según el SII, Boris Chamorro y Eduardo Araya habrían recibido «millonarias sumas de dinero mediante diferentes pagos» desde Puerto Coronel. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos revela que el jefe comunal y el exconcejalno declararon las rentas percibidas ni los impuestos que las afectaban, cometiendo así los delitos que motivan esta querella.
Como resultado, el perjuicio fiscal actualizado a diciembre del año pasado, para los años tributarios entre 2022 y 2024, «asciende a la suma total de 32.003.982 pesos» entre ambos querellados, de los cuales, alrededor de 21 millones corresponderían al alcalde Chamorro. A juicio del SII, «se desprende el dolo de los querellados», dado el vínculo entre Eduardo Hartwig, Víctor Olivares y distintos gerentes de la portuaria.
