En un hecho que ha generado profunda preocupación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado la «presencia intempestiva de personal militar» durante las actividades del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que buscaban esclarecer el paradero de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
Según el INDH, las diligencias se llevaron a cabo entre el 7 y el 10 de julio en el antiguo autódromo de Arica, un sitio considerado clave para la investigación. El ministro en visita, Sergio Troncoso Espinoza, encabezó las acciones, con la participación de instituciones del Estado, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, el INDH afirma que, según información de prensa y testimonios de los familiares, personal del Ejército llegó al lugar sin coordinación previa, generando una «grave perturbación emocional» en los presentes. La institución señala que la reacción de los familiares tuvo fundamento en sus experiencias históricas, ya que percibieron la irrupción militar como un «acto intimidatorio» por el simbolismo de su presencia en un sitio vinculado a ejecuciones.
Exigencia de Transparencia y Respeto a los Derechos Humanos
El INDH ha expresado su solidaridad con los familiares de las víctimas y ha exigido al Ejército que precise las razones de su «sorpresiva presencia» en el lugar. La institución demanda transparencia sobre los motivos que llevaron al despliegue no coordinado, recordando que Chile tiene la obligación de brindar «justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición» ante violaciones de derechos humanos.
Además, el INDH enfatizó que las acciones del Plan Nacional de Búsqueda «deben garantizar el resguardo psicológico y la dignidad de los familiares», evitando su revictimización. Por ello, instó a las instituciones involucradas a reforzar los protocolos de seguridad y a mantener una adecuada coordinación interinstitucional en contextos de alto impacto emocional y simbólico.
Monitoreo y Vigilancia Continua
Finalmente, el INDH anunció que continuará monitoreando el caso, vigilando que las autoridades civiles y militares ajusten su conducta a los estándares internacionales de derechos humanos. La institución se ha comprometido a mantener una posición firme en defensa de la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas y sus familias.
