En un duro golpe a la imagen de Carabineros, la Contraloría General de la República ha revelado una serie de graves irregularidades en los controles vehiculares realizados por la institución policial en la Región Metropolitana. Según un exhaustivo informe, entre enero de 2023 y junio de 2024, los uniformados no incautaron 626 vehículos que habían sido reportados como robados y tampoco detuvieron a 144 prófugos que fueron identificados durante dichos operativos.
La auditoría de la Contraloría señala que Carabineros carece de «una serie de procedimientos y protocolos para su labor de control vehicular», lo que ha derivado en serias fallas en la aplicación de los procedimientos existentes y en el uso inadecuado de los sistemas informáticos. Como resultado, 358 de los 626 autos robados siguen siendo buscados hasta la fecha.
Prófugos y Vehículos Infractores Escapan de la Justicia
Pero las irregularidades no se detienen ahí. La Contraloría también detectó que 144 personas con órdenes de detención pendientes, acusadas de delitos como abuso sexual, tráfico de drogas y porte ilegal de armas, no fueron aprehendidas por los carabineros que las controlaron.
Además, se emitieron 869 infracciones que cumplían con las condiciones para el retiro del vehículo, pero este procedimiento no se concretó. Estos autos incumplían diversos requisitos, como circular sin patente, sin permiso de circulación vigente o sin revisión técnica al día.
Fallas en la Revisión de Patentes y Polarización de Vidrios
Otro hallazgo preocupante es que en 145.715 procedimientos de control vehicular no se revisaron las patentes de los autos en el Sistema Unificado de Encargo de Vehículos. Asimismo, se determinó que Carabineros no cuenta con dispositivos para analizar el nivel de transmisión luminosa de los vidrios, lo que impide fiscalizar el uso de vidrios polarizados.
Consecuencias Administrativas y Penales
Ante estos descubrimientos, la Contraloría ha iniciado un sumario para determinar las responsabilidades administrativas y ha remitido los antecedentes al Ministerio Público, con el fin de que se analice la apertura de una investigación penal.
Por su parte, Carabineros ha presentado descargos, argumentando, por ejemplo, que en Melipilla no han podido retirar vehículos infractores debido a que el aparcadero municipal se encuentra colapsado desde 2024. Sin embargo, la Contraloría ha ordenado al municipio que adopte las medidas correctivas necesarias para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.
Este escándalo pone en evidencia la urgente necesidad de que Carabineros implemente procedimientos y protocolos estandarizados para sus controles vehiculares, con el fin de garantizar la eficacia de sus operativos y evitar que delincuentes y vehículos robados escapen de la justicia.
