Tras un arduo proceso legislativo, la Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado la controvertida Ley de Fraccionamiento, que busca reequilibrar la distribución de las cuotas globales de captura para 23 pesquerías de importancia comercial a nivel nacional.
El Camino Hacia un Reparto Más Justo
La nueva ley establece un fraccionamiento dinámico con un punto de partida de 55% para el sector artesanal y 45% para el industrial. Este rango podrá ajustarse anualmente, con la premisa de que si el sector industrial no captura su cuota, el año siguiente la fracción artesanal aumentará en 10 puntos.
En el caso de la merluza común, entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, se aprobó una fórmula de fraccionamiento escalonado. Si la cuota global es igual o menor a 35.020 toneladas, se fija un reparto de 45% artesanal y 55% industrial. Si la cuota supera ese umbral, todo el aumento se destinará al sector artesanal hasta llegar a un 50/50.
Fiscalización Reforzada y Medidas para el Besugo
La ley también contempla una fiscalización obligatoria presencial para toda la flota industrial y artesanal, con un énfasis en las embarcaciones artesanales menores de 12 metros. Además, se establecieron reglas claras para el fraccionamiento del besugo, en caso de que se levante su veda actual.
Financiamiento y Gradualidad
Para evitar impactos en el presupuesto fiscal, se creará una patente especial para que los armadores industriales que adquieran cuotas internacionales de jurel paguen por tonelada capturada en la zona económica exclusiva de Chile. El sector artesanal queda exento de este cobro.
En cuanto a la reineta, su fraccionamiento (90% artesanal, 10% industrial) ya había sido resuelto en etapas previas. Ahora, la ley limita la variación anual de su cuota global de captura a un máximo del 5%, buscando otorgar estabilidad económica y certeza a pescadores y comunidades costeras.
Un Paso Hacia la Sostenibilidad y la Equidad
La Ley de Fraccionamiento, tras un intenso debate, busca equilibrar la distribución de las cuotas de pesca entre los sectores artesanal e industrial, fortaleciendo la fiscalización y estableciendo reglas claras para pesquerías clave. Este avance legislativo representa un paso importante hacia la sostenibilidad y la equidad en la industria pesquera de Chile.
