En un movimiento que ha generado gran preocupación, un grupo de senadores del oficialismo y la oposición han presentado un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de antecedentes en los procesos penales, con el objetivo de evitar filtraciones como las ocurridas en casos de alto perfil mediático como Audio, Monsalve y Sierra Bella.
La iniciativa, detallada en el boletín 17.484-07, argumenta que existe una «tensión creciente entre el derecho a la intimidad y privacidad de los intervinientes por un lado, y la libertad de información, transparencia y publicidad del proceso penal por el otro». Por ello, proponen establecer «límites claros y efectivos a la divulgación de información sensible durante las investigaciones».
Sin embargo, la propuesta ha sido rápidamente calificada como una «Ley Mordaza 2.0», evocando un fallido intento similar en 2016 tras los casos Penta y SQM. La principal preocupación radica en que la nueva ley no solo sancionaría a funcionarios públicos que incumplan con la reserva de las indagaciones, sino que también podría aplicarse a cualquier ciudadano que divulgue información bajo reserva, incluyendo a periodistas.
Posible afectación a la prensa
Según el texto del proyecto, «el que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo». Esto significa que la norma podría ser aplicada a periodistas y medios de comunicación que informen sobre investigaciones reservadas.
Desde el Colegio de Periodistas Metropolitano, han calificado el proyecto como una «amenaza» para el derecho a la información, llamando al Congreso a eliminar los artículos que «criminalicen» el ejercicio de los periodistas. «Gracias al periodismo, la ciudadanía ha conocido casos de corrupción y uso indebido de fondos públicos que de otro modo habrían permanecido ocultos», sostienen.
Retroceso hacia la opacidad
Expertos señalan que esta iniciativa representa un retroceso en los avances hacia una mayor transparencia en las instituciones públicas chilenas. «Chile ha avanzado hacia una mayor transparencia en las instituciones públicas, pero esta iniciativa retrocede hacia la opacidad y debilita la democracia», advierten desde el Colegio de Periodistas.
En un momento en que la rendición de cuentas y el escrutinio público son fundamentales, la posible aprobación de esta «Ley Mordaza 2.0» podría tener graves consecuencias para el derecho a la información y el papel esencial que cumple el periodismo en una sociedad democrática.
