En un importante desarrollo en la investigación sobre la deficiente administración municipal durante la gestión de la exalcaldesa Virginia Reginato en Viña del Mar, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha logrado que el exdirector Jurídico y de Finanzas, Pablo Staig, deba reintegrar $35 millones al municipio de la Ciudad Jardín.
Esta acción judicial se enmarca en una demanda ejecutiva por más de $80 millones presentada en diciembre de 2023 en contra de funcionarios de confianza de la administración de Reginato, perteneciente al partido UDI. Según el CDE, la demanda se basa en una sentencia del Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la República, ratificada en segunda instancia en mayo de 2020, que condenó a Staig y a otros exfuncionarios por su responsabilidad civil en el uso improcedente de fondos destinados a celebraciones y adquisiciones durante su periodo.
La actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó la importancia de este tipo de procesos para reparar el daño causado al patrimonio municipal y avanzar hacia una administración más transparente y responsable. Sin embargo, la concejala Nancy Díaz expresó su disconformidad con el monto a reintegrar, ya que, según ella, es menos de la mitad del total de lo gastado.
Antecedentes de la Gestión Reginato
Este hecho se suma a un reciente informe de la Contraloría Regional que cuestionó el manejo financiero de la administración Reginato, particularmente por el daño generado al dificultar el pago de cotizaciones previsionales a trabajadores de la Corporación Municipal. La exalcaldesa deberá enfrentar un juicio de cuentas por dicho perjuicio patrimonial.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que la gestión de Reginato enfrenta cuestionamientos. En junio de 2025, se informó que la exalcaldesa debería reintegrar más de $3.600 millones a la Corporación Municipal por daño patrimonial.
Hacia una Administración Más Transparente
El reintegro de los $35 millones por parte de Staig será evaluado por el Concejo Municipal este martes 10 de junio y deberá realizarse al contado y en una sola cuota. Este proceso busca enviar un mensaje claro de que los actos de corrupción y mala gestión no serán tolerados, y que las autoridades están comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
