La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que representa a los principales empresarios de Chile, ha denunciado que desde el aparato estatal se están llevando a cabo acciones que ponen en riesgo la democracia y acallan las voces discrepantes. Según la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, organismos como la Superintendencia de Pensiones (SP) han emitido normativas y circulares que exceden sus competencias legales, buscando ejercer control sobre los actos de organizaciones gremiales y sus asociados.
Jiménez ejemplifica que la SP ha intentado regular la publicidad y promoción de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), algo que la CPC considera un atentado contra el Estado de Derecho y la libertad de expresión. Según la empresaria, estos actos debilitan el rol de la sociedad civil y vulneran la autonomía de los cuerpos intermedios, pilares fundamentales de la democracia.
La CPC sostiene que en un país como Chile, donde el respeto a las instituciones y la certeza jurídica han sido y deben seguir siendo pilares de estabilidad y desarrollo, no se puede dar curso a iniciativas que excedan las competencias legales de los órganos del Estado. Jiménez afirma que cualquier intento del Estado por imponer restricciones más allá de la ley, buscando acallar voces discrepantes, atenta gravemente contra la legalidad, la libertad de expresión y la autonomía institucional garantizada en la Constitución.
En su carta, la presidenta de la CPC señala que los gremios y empresas siempre buscan participar del debate público, aportando a la construcción de buenas políticas públicas que propendan al bien común. Sin embargo, advierte que las acciones del Estado amenazan con debilitar este rol fundamental de la sociedad civil.
La denuncia de la CPC pone de manifiesto una tensión creciente entre el mundo empresarial y el gobierno, en torno a los límites del control estatal y la preservación de las libertades democráticas. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su afán de regular la actividad de los actores privados sin poner en riesgo la estabilidad del sistema democrático?
