Un caso de violencia intrafamiliar (VIF) que involucra a un destacado empresario en Puerto Varas ha generado controversia y cuestionamientos sobre el trato recibido durante el proceso. El senador Fidel Espinoza acusó un «trato especial» al empresario Patricio Bohle, dueño de Buses ETM, durante el procedimiento policial y judicial.
Los hechos se remontan a una noche de domingo, cuando la pareja tuvo un episodio de violencia presenciado por su hijo de 4 años. La mujer asegura que Bohle la atacó con un arma cortopunzante, mientras que él, a través de su abogado, lo niega.
Cuestionamientos al Procedimiento
Según el senador Espinoza, el tiempo transcurrido y la presencia del abogado de Bohle, el exfiscal Marcello Sambuceti, sugieren un «trato especial» en comparación con lo que hubiese ocurrido con cualquier otro ciudadano. Además, se cuestiona una supuesta adulteración de las cámaras de seguridad.
Por su parte, la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, aseguró que todo el procedimiento se «ajustó a la norma». En la audiencia de control de detención, se descartó un femicidio frustrado y que Bohle se haya parapetado en su domicilio con su hijo.
Igualdad ante la Ley
Este caso ha generado un debate sobre la necesidad de garantizar la igualdad de trato ante la ley, independientemente de la posición social o económica de los involucrados. Expertos en derecho penal y violencia de género coinciden en que es fundamental que los procedimientos se lleven a cabo de manera transparente y sin privilegios.
«La justicia debe ser ciega y aplicarse de manera equitativa, sin importar el estatus o la influencia de los implicados», señala la abogada especialista en violencia intrafamiliar, Sofía Ramírez.
Actualización del Caso
Según fuentes de La Radio, la denunciante presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones, buscando medidas cautelares de mayor intensidad. Esto evidencia la necesidad de un seguimiento exhaustivo del caso y de garantizar la protección de la víctima.
El caso del empresario Patricio Bohle ha puesto en evidencia la importancia de la transparencia y la igualdad en los procesos judiciales, independientemente de la posición social o económica de los involucrados. La sociedad espera que la justicia se aplique de manera justa y sin privilegios.
