Argentina ha dado un giro en su política migratoria con la implementación de una reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. Esta iniciativa, elaborada por el equipo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe del Interior, Lisandro Catalán, tiene como objetivo principal endurecer los controles fronterizos y los requisitos para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
Endurecimiento de Requisitos para Residencia y Ciudadanía
La reforma migratoria de Argentina redefine las reglas de juego para los extranjeros. Entre las principales medidas se encuentran:
- Acceso a la residencia y ciudadanía más restringido: Para obtener la residencia permanente, los extranjeros deberán demostrar arraigo, medios económicos suficientes y no tener antecedentes penales. Además, el tiempo de residencia continua requerido para acceder a la ciudadanía argentina se ha incrementado a dos años sin salir del territorio nacional.
- Figura de «ciudadanía por grandes inversiones»: Se crea un atajo para quienes inviertan capitales significativos en la economía local, permitiéndoles acceder a la ciudadanía de manera más ágil.
- Restricciones de tiempo de ausencia: Los residentes permanentes no podrán estar fuera del país por más de un año, mientras que los temporarios tendrán un límite de seis meses. De lo contrario, perderán su estatus migratorio.
Medidas contra la Inmigración Irregular y el Delito
Otra de las prioridades de la reforma migratoria es combatir la inmigración irregular y los delitos asociados, como el narcotráfico y el contrabando. Para ello, se han implementado las siguientes medidas:
- Rechazo de ingreso a condenados: Cualquier extranjero condenado o con antecedentes por delitos graves será rechazado en la frontera por las autoridades migratorias.
- Deportación automática por delitos: Los extranjeros que cometan cualquier delito en territorio argentino serán automáticamente deportados, sin importar la pena.
- Declaración jurada y seguro médico obligatorios: Toda persona que ingrese a Argentina deberá presentar una declaración jurada y un seguro médico, algo que hasta ahora solo era requerido a los ciudadanos argentinos.
Cobro de Servicios Públicos a Extranjeros
Otra de las medidas controversiales de la reforma migratoria es la habilitación del cobro por servicios de salud pública y educación superior a extranjeros no residentes. Esto significa que:
- Hospitales nacionales: Solo quedarán exentas las emergencias, mientras que el resto de los servicios de salud deberán ser pagados por los extranjeros.
- Universidades públicas: Las instituciones de educación superior tendrán la potestad de fijar aranceles a estudiantes extranjeros, siempre que no se vulneren acuerdos de reciprocidad.
Según el gobierno, estas medidas buscan minimizar el gasto público en la atención a extranjeros, que se estima en alrededor de 100 millones de dólares anuales.
Contexto y Reacciones
Cabe destacar que esta no es la primera vez que se intenta reformar la política migratoria en Argentina. En 2017, un intento similar de Mauricio Macri fue frenado por la Justicia y posteriormente rechazado por el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, en esta ocasión, el equipo de Milei ha pulido los puntos críticos del texto para evitar un nuevo revés, además de contar con un contexto político y social más favorable a la medida.
La reforma migratoria de Argentina ha generado diversas reacciones, tanto de apoyo como de rechazo. Mientras que el gobierno la presenta como una medida necesaria para controlar la inmigración irregular y garantizar la sostenibilidad del sistema, algunos sectores la han criticado por considerarla excesivamente restrictiva y discriminatoria.
En cualquier caso, esta reforma migratoria se perfila como una de las iniciativas más polémicas y de alto impacto impulsadas por la administración de Javier Milei en Argentina.
Fuente: Artículo original
