El Gobierno de Chile, a través de los Ministerios de Economía, Trabajo y Defensa Nacional, ha iniciado un nuevo proceso para definir las empresas que son consideradas estratégicas para el país. Esta calificación tiene importantes implicaciones, ya que los trabajadores de estas compañías no podrán ejercer su derecho a la huelga, según lo establecido en el artículo 362 del Código del Trabajo.
La normativa vigente indica que este proceso de calificación de empresas estratégicas debe realizarse cada dos años. En 2023, el Ejecutivo catalogó a 69 compañías como «estratégicas», es decir, aquellas cuya paralización causaría «daño a la salud, a la economía, al abastecimiento o a la seguridad nacional». Algunas de las empresas incluidas en ese listado fueron el Banco Central, Enel, CGE, Aguas Andina, Essbio, Gasco y diversos centros de diálisis.
Proceso de Calificación de Empresas Estratégicas
En este nuevo ciclo, se ha abierto nuevamente el período de presentación de solicitudes de calificación por parte de empresas, corporaciones y organizaciones sindicales a través del portal web de la Dirección del Trabajo. Este mecanismo, según el Ministerio del Trabajo, «permitirá una mejor gestión documental y de las notificaciones que se llevan a cabo durante el desarrollo del procedimiento».
Tanto las contrapartes trabajadoras como empleadoras podrán hacer sus observaciones a las solicitudes de sus respectivas contrapartes a través de este portal. Por su parte, las observaciones realizadas por parte de sindicatos interempresa «deberán seguir siendo ingresadas mediante las oficinas de partes de la Dirección del Trabajo».
Resolución Final y Publicación
El proceso finalizará con una resolución ministerial exenta que determinará cuáles empresas serán calificadas como estratégicas, cuáles no lo serán y cuáles presentaron sus solicitudes de manera extemporánea. Esta resolución será publicada en el Diario Oficial.
Es importante destacar que la calificación de una empresa como estratégica implica restricciones significativas al derecho de huelga de sus trabajadores, lo que puede generar tensiones y debates en torno a la protección de los derechos laborales y la continuidad de los servicios considerados vitales para el país.
