Un comerciante de la localidad de Neltume, en la región de Los Ríos, ha presentado un recurso de protección contra el municipio de Panguipulli, acusándolo de difamación por la publicación de un video que, según él, lo perjudica injustamente.
La disputa se originó el pasado 9 de mayo, cuando inspectores municipales llegaron al negocio de frutas y verduras de Juan Esteban Contreras Cerda para notificarlo por la morosidad en el pago de su patente comercial. Según la versión del municipio, el comerciante habría reaccionado de manera violenta, insultando y amenazando a los funcionarios, incluso simulando portar un arma de fuego.
Versiones Encontradas
Sin embargo, Contreras ofrece una versión completamente distinta. Asegura que tenía todos los papeles al día y que fue uno de los inspectores quien lo agredió, golpeándolo en la cara con el teléfono celular. Además, afirma que el otro funcionario sacó un arma de fuego y lo amenazó de muerte.
Estas acusaciones cruzadas fueron denunciadas ante Carabineros y están siendo investigadas por el Ministerio Público, sin que hasta el momento se hayan determinado responsabilidades.
La Publicación del Video
Al día siguiente del incidente, el área de comunicaciones del municipio publicó un video en redes sociales mostrando una parte de lo sucedido y exponiendo su versión de los hechos. Fue entonces cuando Juan Contreras decidió presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valdivia, asegurando que la municipalidad lo había difamado.
Según el abogado del comerciante, Camilo Mateo, su representado fue vulnerado con la publicación de dicho registro audiovisual, y esperan que la justicia condene a la municipalidad.
Transparencia y Derechos Ciudadanos en Juego
Este recurso de protección es una acción legal distinta y paralela a la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía, la cual aún se mantiene desformalizada. Mientras tanto, el Ministerio Público busca aclarar las acusaciones mutuas y determinar eventuales responsabilidades por las presuntas agresiones y amenazas.
La Corte de Apelaciones deberá determinar si la municipalidad dañó o no la reputación del dueño de la frutería al difundir el video donde se ve parte del altercado. Este caso pone en evidencia la necesidad de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos de los ciudadanos, incluso cuando se trata de conflictos entre autoridades y comerciantes.
