La UDI cuestiona duramente los planes del Gobierno para implementar los test de drogas obligatorios a las autoridades. Según el secretario general Juan Antonio Coloma y el diputado Cristhian Moreira, el proceso se ha convertido en una «mentira, una trampa y un verdadero engaño» que atenta contra la transparencia y efectividad de los controles.
En primer lugar, los parlamentarios denuncian que el Gobierno ha establecido que los resultados de los exámenes serán confidenciales y no públicos, a diferencia de lo que ocurre con los test aplicados a los diputados. Además, han criticado que se utilizará un examen de orina, que solo detecta un consumo reciente de hasta 3 días, en lugar de un análisis de pelo que puede identificar un consumo de hasta 1 año.
«Esto es una burla hacia los chilenos, porque lo mínimo es que los controles midan un consumo permanente y no reciente, y que los resultados sean públicos y transparentes, no confidenciales como lo pretende este Gobierno». – Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI.
Cuestionamientos al Proceso de Toma de Muestras
Otro punto criticado por la UDI es la forma en que se llevará a cabo la toma de muestras. Según las bases de la licitación, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) entregará un listado de las autoridades que se someterán al procedimiento, lo que rompe con el carácter «aleatorio» y «sorpresivo» que debería tener el proceso.
Para Coloma y Moreira, esto significa que las autoridades serán avisadas con anticipación y podrán dejar de consumir sustancias para obtener resultados negativos, lo cual consideran «insólito».
Llamado a Corregir las Bases de la Licitación
Finalmente, los parlamentarios de la UDI han emplazado al Gobierno a «corregir inmediatamente» las bases de la licitación, asegurando que en cualquier lugar del mundo los exámenes de drogas deben ser aleatorios y sorpresivos, más aún cuando se trata de pruebas de orina.
La UDI ha dejado en claro que el objetivo principal de esta normativa es detectar a las posibles autoridades que sean consumidoras de drogas, por lo que consideran que las acciones del Gobierno van en contra de dicho propósito y atentan contra la transparencia que los ciudadanos merecen.
