Después de años de solicitudes por parte de los parlamentarios de la región, la implementación de la Fiscalía ECOH (Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios) en la región de Los Ríos está a punto de hacerse realidad. Según confirmó el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, esta unidad especializada del Ministerio Público se instalará en septiembre con una dotación inicial de 10 personas.
La creación de la Fiscalía ECOH en Los Ríos responde a la necesidad de fortalecer las herramientas para combatir el crimen organizado en la región. El senador socialista y miembro de la Comisión de Constitución, Alfonso De Urresti, ha sido uno de los principales impulsores de esta iniciativa, recalcando que han estado solicitando su implementación desde hace mucho tiempo para hacer frente a los crecientes hechos delictivos en la zona.
Colaboración entre Autoridades para Optimizar Recursos
La puesta en marcha de la Fiscalía ECOH en Los Ríos será posible gracias a un convenio con la Fiscalía que permitirá una redistribución de los equipos operativos. Esto demuestra el compromiso de las autoridades por optimizar los recursos y coordinar esfuerzos para abordar de manera más efectiva los desafíos de seguridad en la región.
«Esta es una noticia muy valiosa para la región, ya que nos permitirá contar con herramientas más robustas para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad de nuestras comunidades», afirmó el senador De Urresti.
Antecedentes y Expectativas
Cabe destacar que la implementación de la Fiscalía ECOH en Los Ríos había estado en duda en enero de este año, cuando la fiscal regional, Tatiana Esquivel, argumentó la falta de recursos por parte del nivel central como un obstáculo. Sin embargo, el delegado presidencial, Jorge Alvial, había manifestado públicamente su interés en la instalación de este equipo especializado durante el presente año.
Con la confirmación de su implementación en septiembre, la comunidad de Los Ríos espera que esta unidad especializada del Ministerio Público pueda fortalecer las capacidades de las autoridades para enfrentar los desafíos del crimen organizado y mejorar la seguridad de la región a largo plazo.
