El Colegio de Profesores ha cuestionado fuertemente los recientes comentarios del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sobre una movilización de docentes en la región de Magallanes. Cataldo había señalado que la protesta constituía un «chantaje» que «pone a los niños como rehenes», ante la imposibilidad de aumentar los ingresos de los maestros por razones presupuestarias.
En respuesta, el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, calificó las declaraciones del ministro como «muy agresivas, muy destempladas y totalmente fuera de lugar». Aguilar argumentó que Cataldo está «emitiendo dichos inaceptables» al utilizar un «lenguaje propio de la derecha más recalcitrante de este país», que históricamente se ha opuesto a los derechos de los trabajadores.
El Derecho a la Movilización Docente
Según Aguilar, las afirmaciones del ministro ponen en duda el derecho constitucional y los convenios internacionales que amparan el derecho a huelga y a la movilización de los trabajadores. «No puede él poner en duda, poner en entredicho, el derecho a movilizarse cuando hay razones para ello», señaló el líder gremial.
Expertos consultados coinciden en que las declaraciones de Cataldo podrían generar un mayor distanciamiento entre el gobierno y el magisterio. «Esto tensiona ciertamente la relación con nosotros como Colegio de Profesoras y Profesores, porque entonces quiere decir que en ningún lugar de Chile se va a poder movilizar nadie según los dichos del ministro», advirtió Aguilar.
Impacto en la Negociación
Analistas señalan que estos comentarios podrían dificultar los futuros diálogos entre el Ministerio de Educación y los docentes, en un contexto de reclamos salariales y mejoras en las condiciones laborales. La capacidad del gobierno para avanzar en reformas educativas podría verse comprometida si no logra reconstruir la confianza con el gremio magisterial.
Ante esto, Aguilar hizo un llamado al ministro Cataldo a «corregir» sus dichos, pues «se supone representa a un gobierno que es pro trabajadores y que tiene conciencia y sensibilidad social». La resolución de este conflicto será clave para determinar el rumbo de las relaciones entre el Ejecutivo y el profesorado en los próximos años.
