En un hecho que sacude al sistema penitenciario de Punta Arenas, un psicólogo que prestaba servicios temporales en la unidad hospitalaria de la cárcel local fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) por tráfico de drogas. Según las autoridades, el profesional de la salud había sido sorprendido comercializando comprimidos de clonazepam entre la población penal, aprovechando su posición dentro del recinto.
La investigación reveló que el psicólogo, quien realizaba una suplencia en el Complejo Penitenciario, utilizaba su acceso a la unidad médica para desviar y vender ilegalmente el medicamento controlado a los internos. Al ser revisado, se le encontró en posesión de una importante cantidad de comprimidos, así como envases vacíos y recetas que no le correspondían extender.
Ante este grave incidente, el Servicio de Salud de Magallanes tomó medidas inmediatas, dando por terminada la suplencia del psicólogo y anunciando un procedimiento disciplinario interno. Además, pusieron todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía, la cual inició una investigación por el delito de microtráfico de drogas, con un plazo de 90 días para el cierre del caso.
Protocolo de Seguridad Fallido
Este incidente pone en evidencia las vulnerabilidades que aún existen en el sistema penitenciario, donde personal de salud con acceso privilegiado a los internos puede aprovechar esa posición para cometer actos ilícitos. La introducción de drogas a las cárceles sigue siendo un desafío constante que requiere de protocolos de seguridad más estrictos y un mayor control sobre el personal que presta servicios en estos recintos.
Según el fiscal Oliver Rammsy, el psicólogo alegó que el medicamento le había sido entregado por el propio interno sin prescripción médica. Sin embargo, la evidencia encontrada en su oficina y la gravedad del hecho apuntan a que se trataba de una actividad sistemática de tráfico de drogas al interior de la cárcel.
Impacto en la Salud de los Internos
La introducción ilegal de fármacos como el clonazepam, un potente ansiolítico, puede tener graves consecuencias en la salud y el bienestar de los reclusos. Estos medicamentos, de venta controlada, pueden generar dependencia y efectos secundarios peligrosos cuando no son recetados y supervisados adecuadamente por profesionales médicos.
Este caso resalta la importancia de reforzar los mecanismos de control y seguridad en las unidades de salud de las cárceles, así como de garantizar la integridad y ética profesional del personal que brinda atención a la población penitenciaria.
El Servicio de Salud de Magallanes ha reafirmado su compromiso con la transparencia y probidad en el desempeño de sus funcionarios, y ha asegurado que tomarán las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
