Héctor Mery, ministro del Tribunal Constitucional, ha presentado un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el objetivo de dejar sin efecto el allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el que se le incautaron aparatos tecnológicos. Este allanamiento también involucró al juez Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En el documento, los abogados de Mery -Matías Künsemüller, Jorge Ponce y Fernando Garreaud- argumentan que la supuesta existencia de «mensajes entre los imputados involucrados» hace referencia únicamente a «publicaciones en medios de prensa», lo que abre un escenario de vulneración de garantías constitucionales. Sostienen que la resolución judicial que autorizó el allanamiento carece de una descripción precisa y circunstanciada del hecho atribuido, vulnerando así el derecho de defensa de su representado.
Calidad de Testigo, no de Imputado
Según el recurso, al contactar al fiscal Javier von Bichoffhausen, este les confirmó que Mery no tiene calidad de imputado en la causa, sino que es testigo. Los abogados consideran que solicitar el allanamiento e incautación de dispositivos electrónicos de un testigo que es ministro del Tribunal Constitucional es completamente ilegal y carece de racionalidad, dadas las prácticas del Ministerio Público en la diferenciación entre testigos e imputados.
Además, señalan que la magistrada que otorgó la resolución judicial parece haber leído algo distinto a lo planteado por el fiscal, resolviendo sobre la base de supuestos evidentemente equívocos, sin ajustarse al estándar establecido por la Corte Suprema.
Consecuencias de Acogerse el Recurso
En caso de que se acoja el recurso de amparo presentado por Mery, los aparatos electrónicos incautados deberán ser devueltos y los antecedentes no podrán ser utilizados en su contra. Esto representaría un duro revés para la investigación del Caso Hermosilla, que ha salpicado a altas esferas del poder judicial.
