Una grave denuncia por acoso laboral ha sacudido a la Dirección del Trabajo en la región de La Araucanía. Camila Gajardo Alegría, una experimentada abogada que se desempeñó en la Dirección Regional del Trabajo en Temuco desde 2021 hasta finales de 2024, ha presentado una demanda por vulneración de derechos fundamentales tras ser desvinculada de sus funciones.
Según Gajardo, su despido fue una medida arbitraria y represalia por haber postulado como dirigente sindical y denunciado acoso laboral por parte de su jefatura. La exfuncionaria asegura contar con una trayectoria intachable, con altas calificaciones y una capacitación continua en la Ley Karin, cuya aplicación era fundamental en su labor diaria.
Acoso y Represalias
Gajardo relata que, tras manifestar su intención de asumir un cargo sindical y denunciar el acoso que sufría por parte de sus superiores, fue víctima de una serie de represalias que culminaron con su despido. Según la abogada, el acoso se materializaba en constantes críticas injustificadas, asignación de tareas excesivas y un ambiente laboral hostil que menoscababa su desempeño y bienestar.
Demanda por Vulneración de Derechos
Indignada por lo que considera una medida injusta y arbitraria, Gajardo ha iniciado una demanda por vulneración de derechos fundamentales en el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco. En sus alegatos, la exfuncionaria destaca su amplia experiencia y capacitación en la Ley Karin, cuya aplicación era esencial para el cumplimiento de la normativa laboral en la región.
Respuesta de la Dirección Regional
Por su parte, la directora regional del Trabajo, Carolina Ojeda, ha declarado que están al tanto de la situación y que el servicio respetará la confidencialidad del proceso, poniendo a disposición de la instancia judicial todos los antecedentes necesarios para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.
Este caso ha generado gran preocupación en la comunidad laboral de La Araucanía, donde se espera que la justicia actúe con celeridad y transparencia para determinar si hubo o no vulneración de los derechos de la exfuncionaria.
