La Contraloría General de la República emitió un informe que sacude a la Empresa Nacional de Minería (Enami). El documento revela que la estatal efectuó una serie de pagos millonarios a empresas proveedoras cuyos socios tienen relación de parentesco con el entonces Director, Patricio Céspedes Guzmán, entre 2018 y agosto de 2022.
Específicamente, se señala a Quimurco Minera Limitada, Minera Troyano Limitada y Sonda Mines SpA, las cuales recibieron transferencias por $10.444.893.786 en conjunto durante ese período.
Lo más grave es que esta situación ya había sido advertida en dos informes previos de 2022, donde se mencionaba la participación de la cuñada y sobrinos de Céspedes en las sociedades, pero sus identidades fueron ocultadas en los documentos originales. Dichas observaciones, sin embargo, nunca fueron respondidas por la empresa.
Acciones exigidas por Contraloría
Ante esta situación, la Contraloría ordenó a Enami remitir en 60 días hábiles el procedimiento interno comprometido e iniciar una investigación por parte del directorio en 15 días, sin perjuicio de derivar el caso al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Por su parte, Céspedes negó los hechos y valoró que los antecedentes sean puestos a disposición de la Fiscalía, reservándose el derecho de establecer acciones legales contra quienes, a su juicio, han intentado dañar su honra y la de su familia.
Reacciones de autoridades
Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Sulantay, lamentó que «una vez más, una empresa estatal esté involucrada en eventuales faltas administrativas graves».
Por su parte, el diputado Jaime Mulet fue más allá, argumentando que «lo lógico en este caso es sacar a la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) del Directorio de Enami».
Finalmente, el abogado Alexander Linford reiteró que la ley de compras públicas prohíbe el beneficio de familiares de autoridades en procesos de contratación, y que la remisión de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público es clave para establecer posibles delitos y recuperar recursos públicos.
