La oposición critica la realidad del país en el cuarto aniversario del 18-O
Este miércoles se cumplirán cuatro años del denominado estallido social del 18 de octubre y desde la oposición manifestaron sus críticas tras evaluar la realidad que vive el país.
Desde el Partido Republicano (PRep), el diputado Juan Irarrázaval señaló que ‘estamos ante un gobierno octubrista y una de las maneras que tiene de celebrar este tipo de hechos es con su veto a la Ley de Usurpaciones. Ellos van a seguir promoviendo el caos, la anarquía y jamás fortaleciendo el Estado de Derecho’.
Estamos ante un Gobierno que no sólo indulta delincuentes, sino que también los subvenciona con pensiones de gracia’, agregó el parlamentario.
Irarrázaval argumentó que en esta fecha no hay nada que conmemorar y que, por el contrario, hay que condenarla, debido a lo que, a su juicio, trajo el octubrismo: pobreza, inflación, cesantía, violencia, terrorismo, delincuencia e inseguridad, invitando finalmente a reflexionar sobre la importancia de cuidar la democracia como mecanismo legítimo para ‘buscar y encontrar soluciones a las urgencias sociales que hoy tiene el país’.
Las demandas ciudadanas siguen vigentes
La diputada Marlene Pérez (Independiente) se pronunció sobre la situación actual, haciendo hincapié en que las demandas ciudadanas siguen vigentes.
‘Creo firmemente que las demandas de la ciudadanía siguen siendo válidas y deben ser escuchadas, pero lamentablemente este gobierno se ha encargado de entregar pensiones de gracia a los delincuentes que destruyeron negocios y emprendimientos, a los que destruyeron plazas y atacaron a nuestras policías. Pero por otra parte, hemos visto cero voluntad en ayudar a miles de comerciantes y familias que son las verdaderas víctimas del estallido’, expresó la parlamentaria.
Pérez además hizo un llamado a que las convocatorias a manifestaciones se hagan de manera pacífica, pues es esencial que no terminen en hechos de violencia.
Finalmente, manifestó que ‘en este día el Gobierno tiene que ser capaz de cumplir con su obligación constitucional que es el resguardo del orden público. No podemos seguir dando espacios de impunidad a quienes destruyen la ciudad’.
‘Nada que celebrar’
El diputado Sergio Bobadilla (UDI) declaró, por su parte, que no solo se trata de una fecha que genera una profunda división entre chilenos, sino que además supone la ‘legitimación de la violencia como instrumento político para derrocar a un gobierno democrático’.
Y destacó el daño a la propiedad pública y privada.
‘Claramente, el 18 de octubre y el proceso de subversión que siguió después tuvo por consecuencia la quema de infraestructura pública y propiedad privada, que no sólo supuso la pérdida de importantes recursos públicos, sino además la quiebra de miles de pymes y el desempleo para muchos trabajadores’, afirmó Bobadilla.