Gobierno Chileno Mantiene Firmeza Ante Acusaciones Infundadas del Fiscal Venezolano
En un momento de tensión diplomática entre Chile y Venezuela, el Gobierno de Chile ha respondido con serenidad y firmeza a las declaraciones del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien ha criticado duramente la investigación del caso Ojeda. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ha dejado en claro que el Ejecutivo no tiene intención de caer en provocaciones y que confía plenamente en el trabajo de la Fiscalía Nacional chilena.
La Posición del Gobierno Chileno
Ante los dichos del fiscal venezolano, quien acusó al Ministerio Público chileno de hacer una investigación de pobreza extrema
en el caso de Ronald Ojeda, la ministra Vallejo señaló que las instituciones de Chile funcionan y que es la Fiscalía Nacional la que lleva a cabo la investigación, la cual es reservada. Además, recalcó que cualquier información o respuesta por parte de las autoridades venezolanas se debe canalizar a través de la Cancillería, como conductor de la información.
Evitando Polémicas Cruzadas
La vocera de Gobierno enfatizó que el Ejecutivo no tiene intención de entrar en polémicas cruzadas ni de caer en provocaciones. En su lugar, señaló que cuando haya antecedentes que desmientan o reafirmen lo que señala la investigación del Ministerio Público, estos se pondrán en conocimiento de la Fiscalía a través de los conductos oficiales y formales.
Compromiso con la Justicia y la Verdad
La ministra Vallejo recalcó que, independientemente de las señales políticas, los objetivos que persigue el Gobierno son lograr justicia y verdad frente a este brutal crimen
. Para ello, el Presidente siempre está evaluando otros mecanismos, buscando la efectividad de las decisiones que se adopten.
Conclusión
El Gobierno de Chile ha demostrado una postura firme y responsable ante las acusaciones del fiscal venezolano. Lejos de entrar en una guerra de declaraciones, el Ejecutivo se mantiene enfocado en garantizar la justicia y la verdad en el caso Ojeda, a través de los conductos institucionales y diplomáticos correspondientes. Esta actitud refleja el compromiso del Gobierno con la transparencia y el respeto a las instituciones.
