Escándalo en Democracia Viva: Catalina Pérez declara como imputada
En un giro inesperado, la diputada Catalina Pérez, con militancia suspendida en RD, se presentó ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago para declarar en calidad de imputada en el caso Democracia Viva. Este caso ha generado gran controversia en el país y ha involucrado a importantes figuras políticas.
En la jornada anterior, el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), declararon como testigos en el mismo caso. Ahora, es el turno de la diputada Pérez de enfrentar las preguntas de los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar.
El abogado defensor descarta tráfico de influencias
Una vez finalizada la declaración, el abogado Gonzalo Medina, quien lidera la defensa de la parlamentaria, salió a comentar los detalles. Según Medina, Pérez acudió voluntariamente a declarar y renunció a su derecho a guardar silencio. Además, afirmó que la diputada nunca intervino en la selección de las fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso.
El abogado enfatizó que Pérez no recibió ningún tipo de pago vinculado a los convenios investigados y que espera que su declaración ponga fin a las especulaciones. Asimismo, descartó rotundamente cualquier forma de tráfico de influencias, asegurando que la diputada no tuvo ninguna intervención en los hechos.
Avances en la investigación de Democracia Viva
Desde el Ministerio Público, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto las declaraciones de ayer como las de hoy han sido completas y que las personas citadas han respondido a todas las preguntas. Estas diligencias forman parte de la investigación de la arista Democracia Viva del caso Convenios, que involucra 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos.
El fiscal no descarta citar nuevamente a las personas que ya han declarado, ya que la investigación sigue abierta y el plazo de investigación aún está vigente. Esto demuestra el compromiso de las autoridades en esclarecer los hechos y llevar a cabo un proceso justo y transparente.
